Media España

 


Ignacio Camacho


La tarde del 1 de febrero de 2005 puede considerarse ya histórica por diversos motivos, pero la mayoría de ellos resultan en extremo preocupantes para el futuro de la vida española. Sólo un optimista compulsivo como el presidente Rodríguez Zapatero es capaz de encontrar argumentos esperanzadores en una jornada en la que el Parlamento sirvió de escenario para un arrogante desafío a su propia soberanía, propiciado por la voluntad apaciguadora de un primer ministro convencido del poder devastador de su sonrisa.

Por más que el resultado de la votación sobre el plan Ibarretxe arrojase la tranquilizadora oposición de una inmensa mayoría contra el delirio secesionista del lendakari, la sesión del martes arrojó serias dudas objetivas sobre el proyecto de nación española que en estos momentos permanece planteado en la agenda política. Y además, permitió la escenificación normalizada de un reto radical en el que un presidente de Comunidad Autónoma negó formalmente, desde la tribuna del Congreso, la validez del concepto de soberanía nacional establecido en la Constitución española.

Este insólito desprecio a la voluntad colectiva de los ciudadanos no lo planteó un guardia civil lorquiano armado con una pistola, sino un dirigente público elegido con arreglo a los procedimientos establecidos en la propia Constitución y el Estatuto de autonomía correspondiente, cuyos principios pretende impugnar al margen del criterio de la mayoría. Y fue la decisión del presidente Zapatero la que permitió a Ibarretxe comportarse ante las Cortes como un jefe de Estado extranjero que encima se permitió utilizar el Congreso como plataforma para un mitin electoral en el que ninguneó con chulería el valor de la representación legítima del pueblo español. Al menos, a Tejero no lo recibió en la verja una vicepresidenta del Parlamento.

Con todo, lo peor de esa jornada no fue la presencia retadora de un secesionista embravecido, sino la ausencia casi completa de un concepto nacional en el debate con él entablado por el resto de las fuerzas políticas. Sólo el líder de la oposición, Mariano Rajoy, en su más brillante y sólida intervención en la Cámara, fue capaz de levantar ante Ibarretxe un dique político basado en la idea de nación española. Justo es consignar que también el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, estuvo a la altura que se espera de un partido históricamente comprometido en la defensa del hecho nacional y la cohesión territorial como factor de progreso, pero su discurso quedó ensombrecido por el tacticismo desplegado por su jefe de filas, el presidente Zapatero, volcado en el empeño de desarmar a su adversario a base de benévolos guiños de complicidad y amistosas discrepancias no sobre el fondo de su planteamiento, sino sobre el procedimiento y la forma excluyente de su puesta en marcha. Actitud que, como no podía ser de otra manera, dio pie a Ibarretxe para preguntarle, en insólita réplica electoralista y mitinera, si su única objeción era que el plan no contase con el concurso previo del Partido Socialista.

La sensación que ofreció el debate en el Congreso no fue, pues, la del rechazo mayoritario de la Cámara a un proyecto delirante de ruptura del Estado democrático, sino la de una coyuntural negativa a la manera en que Ibarretxe ha planteado su delirio. En este sentido, resultó absolutamente desalentadora la constatación de que gran parte de los grupos minoritarios, de filiación nacionalista, se sumaban con mayor o menor grado de entusiasmo a la posibilidad de que los territorios que componen la nación española puedan autodeterminarse a su conveniencia siempre que lo hagan de una manera dialogante y civilizada. De repente, el edificio constitucional, la casa común de una España plural razonablemente organizada en instituciones de autogobierno solidario, quedó resquebrajado ante la pusilanimidad general, de la que sólo Rajoy y el Partido Popular emergían con la solidez necesaria para defender la configuración política que ha proporcionado a España la mayor prosperidad de su Historia.

No es casual que numerosos diputados socialistas felicitasen al líder del PP tras su intervención, un discurso que reflejaba la posición ideológica de cualquier demócrata situado en las coordenadas de libertad establecidas en la Transición. Las ideas expresadas por Rajoy -que hoy vuelve a defender en una excelente Tercera de ABC- pueden acoger bajo su amplitud a liberales, conservadores, socialistas y hasta comunistas leales a la tradición unitaria de su partido, hoy arrastrada por el fango de la conveniencia de manos de una dirección política errabunda y desquiciada. Se trata, simplemente, de la defensa de un concepto de nación moderna, democrática y plural, comprometida con las libertades individuales de sus ciudadanos y la expresión de sus peculiaridades diferenciales en ámbitos de autogobierno tan avanzados que limitan con el concepto de Estado federal. Una nación tan descentralizada que ha convertido a numerosos ministerios del Gobierno en meros supervisores de la legislación común, y cuyos delicados mecanismos de solidaridad apenas admiten ya más vueltas de tuerca sin que se quiebre la imprescindible cohesión que garantiza la igualdad de los derechos de los ciudadanos cualesquiera que sean sus lugares de origen y residencia.

Por eso es sorprendente y entristecedor que sólo el PP -y una parte silente del PSOE que no consigue, o no desea conseguir, que aflore su alma democrática nacional- defienda en voz alta y con firmeza este modelo razonable y estructurado que ha convertido a España en una potencia económica. Frente al discurso desafiante y centrífugo de las llamadas naciones sin Estado, el poder opone una especie de Estado sin nación, que cada vez será más débil como Estado a medida que vaya soltando nuevos trozos de soberanía disfrazados de cesiones competenciales. El nuevo pacto descentralizador que propone Zapatero para apaciguar las tensiones secesionistas del País Vasco y Cataluña no es más que un reparto desigual de lo que hasta ahora se ha repartido con criterios más o menos compensados. Es decir, cada vez menos Estado, menos nación, menos cohesión y menos igualdad. Ya no se trata siquiera de una idea retórica de España o de lo español, sino del concepto de lo nacional como garantía igualitaria de los derechos individuales.

Y lo peor no es que, el pasado martes, en la ignominiosa tarde en que Ibarretxe despreció el concepto mismo de soberanía nacional, sólo Rajoy levantara la barrera de una España que, en su soledad política y conceptual, parecía sólo media España. Lo peor es la inquietante posibilidad de que esa España ya demediada por el coyunturalismo esté agonizando, como escribió hace dos siglos ese dolorido español de progreso que fue Larra, a manos de la otra media.