Reflexiones sobre el Archivo Histórico Nacional de Salamanca

 

Jesús López Medel


He rotulado estas líneas, tal como figuran en la piedra de la fachada del histórico Colegio de San Ambrosio de Salamanca. No es, como suele nominarse, sin más, «Archivo de Salamanca». Es Archivo Nacional. Antes de entrar en este tema -sin dogmatismo, sí como mi propia responsabilidad- quiero adelantar mi afecto y admiración a Cataluña. Como aragonés de Daroca (Zaragoza), de la que emigraron algunos de mis antepasados afincados en aquella tierra -alguno de ellos alto funcionario de la Generalitat y combatiente republicano-. En Daroca nació y vivió la suegra del presidente Pujol, de la familia Ferrusola.

El Corpus Christi, en Cataluña, de gran esplendor, proviene del Corpus de la Corona de Aragón, cuando se declaró fiesta en la Iglesia Universal, por el «Milagro de los Sagrados Corporales», en la batalla de Luchente (Valencia), con las tropas de Jaime I, cuyas banderas, así como las sagradas formas consagradas y ensangrentadas, se custodian en Daroca.

Soy de la V promoción de la Milicia Universitaria, del Campamento de Santa fe del Montseny, en la que se formaron -como luego en los «Castillejos»- no pocos políticos, catalanistas o no. Catalanes fueron los múltiples juristas de todas las especialidades quienes me promovieron un libro-homenaje profesional, con dos volúmenes y noventa firmas, que no olvido. En otros tiempos fui pregonero de altos festejos sociales, y uno de ellos en el Castillo de Perelada.

No tengo, pues, más que admiración, respeto y gratitud, por Cataluña. Las reflexiones que siguen van pensadas, en atención a aquella indicación orteguiana: el hombre y sus circunstancias. Y animado, también, por el maestro Eugenio d´Ors, quien me dedicó alguna glosa, y a quien visitaba en la calle del Sacramento, de Madrid, y dotado del «seny» catalán, que encarna la grandeza del Espíritu, y el rigor de la «Obra Bien Hecha».

Primera circunstancia: antecedentes


Se ha dicho y escrito mucho sobre el «contencioso» de la extracción a favor de un Archivo para Cataluña de lo que se encuentra en el «Archivo Nacional», en Salamanca. Poco diré de las vicisitudes administrativas, desde su organización (v. ABC, suplemento especial, de 20-12-2004), siendo ministro Serrano Suñer, en 1938, cuando se crea la «Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos Históricos». Se enviaban desde las provincias a la Delegación Central de Salamanca. Con cerca de 30 secciones y servicios. No se trasladaban allí archivos completos,sí se incorporaron los de Ridruejo y los de Armero, entre otros. De la Sección inicial «Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional» se pasó, en marzo de 1999, al «Archivo General de la Guerra Civil Española», con mejor técnica bibliográfica y jurídica. La documentación no agota la guerra civil. El criterio de unidad, de siempre, confirmaba el de la «Junta Superior de Archivos». (Los archiveros de la Generalitat, cuando fueron consultados, respondieron con el mismo parecer. Fueron ignorados).

Segunda circunstancia: Unidad del Archivo

La segregación de documentos del Archivo de Salamanca, para Cataluña, es, esencialmente, un problema técnico: la Unidad del Archivo. Las vicisitudes de la formación, incorporación y, en su caso, incautación, fueron variadas. Como los efectos. Lo cierto es que desde hace años, así se organizó y estructuró, y su conservación, hasta hoy, es su gran mérito para historiadores de todo el mundo. Documentos personales, de propiedad indiscutibles, se devolvieron. Los de la «masonería» pudieron afectar, especialmente, a militares combatientes, incluso de zona nacional, pero que a la hora de formar un ejército profesional, de sus antecedentes masónicos, encontraron dificultades castrenses. Poco se ha valorado que se hubieran querido estructurar, organizar y archivar, y en definitiva, conservar, no sólo los documentos que se usaron para «La Causa general», sino todo aquello que hacía referencia a la Guerra Civil. Para ofrecerlos como investigación, es decir, Archivo abierto. (Por ejemplo, en el Archivo no está seguramente, la hoja de servicios y causa al republicano Hidalgo de Cisneros, casado con Constancia de la Mora, nieta de Maura, e indultado en los años 60).

Tercera circunstancia: parcialidad y procedimiento sumarísimo de la Comisión de Expertos.

Morales, Dardé y García Zarza, tres de ellos, lo han explicado bien: «El guión estaba escrito». Y la fecha también: «Antes del 23 de diciembre». La composición no era de expertos archiveros, sino política. Una comisión «ad hoc», como ha pasado con el Consejo Escolar del Estado, para la «contrarreforma» educativa. A mí me ha sorprendido que con el presidente, Mayor Zaragoza, estimado y respetado siempre -de gran experiencia administrativa, por haber sido rector de Universidad, procurador en Cortes, subsecretario de Educación con Martínez Esteruelas, y ministro de Educación, en la última etapa de la UCD, con su papel en la Unesco-, no se haya podido exigir una Comisión de Expertos equilibrada, técnica. Eso viciaría, en un contencioso normal, lo que podía haber sido un convenio amigable. Es incuestionable la unidad técnica del Archivo. Lo dice el director de la Real Academia de la Historia. Soluciones para obtener copias es otro problema. Trasladar, segregar documentos, es iniciar el desguace. En cualquier museo o archivo nacional del mundo.

Cuarta circunstancia: formalización del posible acuerdo de Gobierno: lo jurídico.

Al no aceptarse por Salamanca -primero, como ciudad, y segundo, a través de la Comunidad histórica de Castilla y León- el Gobierno pudiera hacer suyo el «consejo de los expertos», o desecharlo, no un mero acuerdo político, que se podría traducir -es un ejemplo- en una ley orgánica, ya que la incorporación no convenida de documentación que afecta a instituciones y personas, y en razón de utilidad pública o interés social, necesita cumplir los requisitos constitucionales (art. 33.3 C.E.), salvo que se optase por la fórmula de la expropiación. Todo ello sin perjuicio de cuestiones de competencia, o de recursos contencioso-administrativos o civiles, o ante el Tribunal Constitucional, tribunales internacionales, y ya no digamos si se aplicasen anticipadamente los criterios de Unidad de Archivo, a los que parece inclinarse la Constitución Europea. (Salamanca fue declarada patrimonio cultural de la humanidad, y el Archivo forma parte de aquél).

Quinta circunstancia: ideologización.

Esta puede ser la raíz del problema. Hasta 2004, después de 1999, en que se da definitivamente sentido pleno al «Archivo General de la Guerra Civil», las reivindicaciones de Cataluña pasaban, a lo sumo, por obtener copias documentadas de determinados legajos, sin romper su unidad. Desde los resultados electorales del 14-M, esta reivindicación forma parte de un «proceso» que puede incidir en una tendencia de «separatismo de hecho» -aunque Maragall hable de 25 años y otros de «peaje»-, que nosotros ya denunciamos en un trabajo en «Cuadernos Encuentro». Es algo más que pedir una selección nacional propia. O una lengua en las instituciones europeas. O quitar el rótulo castrense en Tremp: «A España a servir». En este nuevo paso, se llegaría no sólo a situar en Cataluña unos documentos, sino que sería factor para, inmediatamente, crear el Archivo de la nación catalana de la Guerra Civil. Y daríamos un arma más, a todas las Comunidades que son históricas, desde 1492, para desguazar los propios de su tierra, o el Archivo de la Corona de Aragón, el del Reino de Valencia, el de las guerras carlistas, o el Archivo de Indias, ...y ¡ojo!, con estos últimos, al abrir tan suculento «melón», daríamos pie a que las naciones hispanoa-mericanas también pudieran reivindicar los legajos de procedencia de sus Estados. Una forma de romper, formalmente, la Historia. Y ofrecerla, documentalmente, bajo la órbita de cada «interesado». La unidad de Archivo quedaría deshecha. Y una hipoteca o sendero contra la Patria común e «indivisible», que es España.

Sexta circunstancia: ausencia de expertos militares.


Puestos a lograr intentos serios de reordenación o armonización de un Archivo que en sus orígenes, preferentemente, tenía un carácter militar, y que después se hizo plenamente técnico-civil, como quiera que existen otros archivos militares -documentación de consejos de guerra, hojas de servicios, etc.- se pudiera dar alguna interrelación. Por lo tanto, la audiencia, presencia u opinión de especialistas militares, no políticos, no estaría demás. Incluso, creo que hay sugerencia de la Comisión sobre la creación de un sólo Archivo Militar, lo que -aunque esté en contradicción con el Dictamen- avalaría esta sugerencia, para un futuro.

Séptima circunstancia: claridad.

Ortega y Gasset indicaba que cuando en una norma o decisión hubiera confusión o precipitación, pudiera encerrarse una injusticia. En la parte del Dictamen que conocemos y que se ha dado a conocer hay no poco de ello. (Por no decir, de contradicción de «actitudes», como puede ocurrir con la sentencia de la Santa Sede sobre la recuperación por la diócesis de Barbastro-Monzón del patrimonio artístico y religioso de estos territorios, que dejaron de pertenecer a la diócesis de Huesca para pasar a la de Lérida).

Octava circunstancia: inoportunidad política.

En unos momentos en que se está hablando de «demoliciones», «desplanificaciones» (hidrológica, escolar, etc.), de desvertebración familiar, de «deconstrucción nacional» (profesor Esteban), etc., no podemos poner un guijarro más en la Unidad de España. La Unidad del Archivo es buena para España y para Cataluña. Desearía que estas «circunstancias» tuvieran un feliz término.