Mito y realidad en torno al proceso de José Antonio

Las responsabilidades políticas del gobierno de la República

 

Francisco Torres García

 


Las responsabilidades políticas del gobierno de la República

La publicación sectorial, y un tanto deslavazada, de una parte de la documentación existente referente al proceso instruido en Alicante contra José Antonio Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera y Margarita Larios por un presunto delito de rebelión militar, ha estado, durante décadas probablemente condicionada, sobre todo desde algún sector falangista, por la mitología de la hipotética relación de amistad/admiración entre Prieto y José Antonio, por un lado, y por la posible afinidad con sectores del anarquismo, por otro. Condicionantes que han contribuido a dejar en tinieblas las auténticas responsabilidades políticas del proceso y ejecución del fundador de la Falange, a las que no escapan ni Prieto, ni el socialismo, ni el anarquismo; que han contribuido, asimismo, a la publicación de tan curiosas como erróneas interpretaciones del proceso junto con alguna forzada explicación de ribetes antifranquistas que alimentase la manida leyenda de la supuesta animadversión entre Franco y José Antonio, y la actitud del Generalísimo ante los posibles intentos de canje y recate.

La amplia documentación a la que hemos tenido acceso, que servirá de base documental a un inminente revelador trabajo, nos permite reconstruir, con gran precisión, los condicionantes políticos , las presiones políticas, la dirección política, prácticamente el pilotaje, que, desde altas instancias frentepopulistas tuvo tanto la instrucción del sumario como el mismo juicio y sentencia.

Los antecedentes

La decisión política tomada por el gobierno del Frente Popular, de utilizar la justicia contra José Antonio Primo de Rivera, aún cuando sólo sea  como antecedente, es anterior al dieciocho de julio de 1936. Entre marzo y julio de 1936, José Antonio se enfrentará  a seis procesos judiciales inspirados e influenciados por el gobierno, cuya principal intención es colocar a la Falange fuera de la ley y mantener a José Antonio en prisión. Procesos a menudo no evaluados en su justa dimensión, porque viene a demostrar la progresiva destrucción que el Estado de Derecho sufre en primavera  del treinta y seis. Procesos en los que se pone de manifiesto, como anota Payne, al juzgar el seguido por tenencia ilícita de armas (al encontrarse armas en el domicilio de José Antonio en un registro efectuado el 27 de abril de 1936, cuando lleva más de un mes detenido), "la distorsión de procedimientos cada vez más común en la administración republicana judicial y de la policía".

La presión gubernativa se fue poniendo de manifiesto, en estos procesos, de forma progresiva. Al ser tramitados en Tribunal de Urgencia las sentencias, aún con condenas mínimas, resultaban complacientes al gobierno, pero los recursos ante el Tribunal Supremo dieron la absolución a José Antonio en los dos primeros. En el tercer proceso, el más importante, pues se juzga la legalidad de la Falange, es el propio Tribunal el que dictamina la legalidad de FE de las JONS y es el gobierno el que, con pocas esperanzas, recurre al Supremo, que ratificará la licitud del partido el 8 de junio de 1936. Si hasta el proceso que se inicia el 30 de abril el gobierno se ha limitado a presionar, consciente de su debilidad, éste decide intervenir directamente  en el que se inicia por tenencia ilícita de armas, cuya vista es fijada para el 28 de mayo.

Conviene prestar una líneas a esta intervención gubernativa, ya que en la documentación conservada se encuentra el testimonio de la mayor parte de los inconvenientes en los registros y en la instrucción. Según las declaraciones  de los policías, era evidente que las armas habían sido allí depositadas. La Sala de la Audiencia que juzgaba a José Antonio estaba formada por los magistrados Mariano Rodríguez, Ernesto Sánchez y Eugenio Arizcún (más tarde asesinado en las sacas de la Modelo). Según declaración del magistrado Ernesto Sánchez de Movellán: "Por imperativo de la política entonces reinante se pretendía declarar a Falange como sociedad ilícita y fuera de la ley, para de esa manera tener el gobierno campo libre para perseguir sin traba alguna, a las figuras representativas de aquel movimiento y singularmente  a la de don José Antonio Primo de Rivera y a tal fin la representación del Ministerio público, que ostentaba el abogado fiscal de la Audiencia de Madrid, Mariano Medina, pidió se declarara la ilicitud de la Falange y que se condenara al Consejo Nacional de la misma". Pese a las presiones, la declaración de licitud, salió adelante y el enviado del gobierno, que aguardaba impaciente, tuvo que esperar a que pasaran la minuta.

Primeras pruebas falsas

El gobierno, consciente de que difícilmente  la Sala condenaría a José Antonio por el supuesto delito de tenencia ilícita de armas,  decide intervenir. Las diligencias ya indicaban, según los testigos, que la Sala compartía la idea de que las armas no eran de José Antonio, tal y como aduce el entonces comisario de la Brigada de Investigación Social, Joaquín García Villaverde: "La impresión que sacó la Sala, según el cambio de opiniones que allí se tuvo, fue la misma que había tenido el declarante, habiendo hablado directamente el dicente con el señor Arizcún, asesinado después por los rojos, uno de los magistrados que componían el tribunal. Esta impresión de la Sala, de que aquellas pistolas no eran de José Antonio y que habían sido dejadas allí el día del registro..."

Los periódicos socialistas, beligerantes

Los diarios socialistas, reductos de Prieto y de Largo Caballero. El Socialista y Claridad, lanzaron una campaña contra los magistrados, que fueron acusados de fascistas y prevaricadores. Según testimonio de don Félix Álvarez Santullano, presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, es el propio ministro de Justicia, Blasco Garzón, acompañado del subsecretario Gomáriz, quien se queja "en términos muy duros" de la actuación de la Sala Segunda de la Audiencia y quien le ordena el cese y sustitución de los magistrados. El presidente de la Audiencia no se atreve a enfrentarse al ministro y busca una salida legal cesando la sala como Tribunal de Urgencia. Separación que, como anota uno de los magistrados, "mas que una vejación, era el reconocimiento de nuestra independencia al juzgar frente a las presiones del gobierno del Frente Popular, que buscaba en sus pretensiones seudo-democráticas, dar forma de legalidad a sus atropellos". Conscientes de su responsabilidad estos magistrados lograron introducir la petición al Colegio de Abogados de que José Antonio fuera acompañado por dos letrados en cualquier ocasión, "en atención al mismo y a la persecución de que era víctima".

La nueva Sala fue formada sin dilación. Se pasó el caso a la Sección Primera, los magistrados eran Enrique Cadórniga y Arturo Pérez Rodríguez, el ponente Pérez Rodríguez. El tercer miembro de la Sala fue Lisardo Fuertes, nombrado horas antes de comenzar la vista. El testimonio de éste es fundamental, pues aclara la presión gubernativa. El magistrado no encontraba materia más que para una multa o a lo sumo una pena simbólica, pero el magistrado Cadórniga le recordó "la gravedad que suponía, no sólo llegar a una absolución, sino la simple imposición de una pena benigna, porque había quejas, incluso en el Parlamento, de que los Tribunales imponían a los comunistas penas mayores que a las personas de orden". El magistrado fue presionado recordándole su débil posición en la carrera. De sobra es conocida la sentencia condenatoria, la reacción de José Antonio y la apertura de dos nuevos procesos por desacato y agresión. El cierto optimismo que se percibió en José Antonio tras sus victorias sucesivas en los tribunales se quebró en el mes de mayo. La persecución del gobierno se había hecho evidente con las elecciones de Cuenca y la detención de su hermano, que había actuado como representante suyo. La manipulación de la justicia debió quebrar en el jurista que era, las últimas reservas sobre la posible pervivencia en España, pese a la arbitrariedad evidente que se vivía del Estado de Derecho.

El sumario abierto en Alicante

El traslado de José Antonio, el 5 de junio, desde la prisión de Madrid a la de Alicante probablemente le salvó la vida por unos meses, pues su muerte hubiera sido segura en las terribles sacas de Madrid. José Antonio quedó, ante los dos nuevos procesos, en situación de indefensión, vulnerándose la ley vigente de enjuciamiento criminal tal y como denunció su abogado defensor, Melquíades Álvarez, en documento de 16 de junio de 1936. La instrucción continuaría desarrollándose hasta los límites que rayarían el humor negro. Melquíades Álvarez fue asesinado el 23 de agosto en el asalto de las milicias a la Modelo, el 24 de octubre la Audiencia comunica al procurador de José Antonio en el caso, que éste debe nombrar abogado o se le designará de oficio, porque su representante está "ausente de esta capital y en ignorado paradero". Hasta el 28 de enero de 1937 permanecerá el sumario abierto en la Audiencia madrileña, declarándose entonces "extinguida la responsabilidad penal que por esta causa le hubiera podido corresponder".

Después de las matanzas del verano del treinta y seis, del intento de asesinato de José Antonio en prisión, era evidente que el gobierno frentepopulista de Largo Caballero deseaba que se observara la máxima legalidad aparente con la, probablemente, figura más destacada de los insurgentes que tenían en la cárcel. El juicio de José Antonio podía dar al mundo la apariencia de mantenimiento de la legalidad que el Frente Popular había perdido e intentaba recuperar con la puesta en marcha de los tribunales populares.

La instrucción del sumario por rebelión militar, confusa

La puesta en marcha de la instrucción del sumario por rebelión militar resulta un tanto confusa. El 3 de octubre de 1936, José Mª Arranz, secretario del Juzgado Especial Permanente del expediente sobre rebelión militar designa al magistrado de la Audiencia de Madrid, Federico Enjuto Ferrán, juez especial del caso. Enjuto era en realidad un juez municipal, que ascendió al Juzgado de Primera Instancia, de orígenes conservadores supo cambiar al viento de la República e intimar con Indalencio Prieto; los juicios que se conservan sobre él no pueden ser más negativos. A Enjuto se le había ofrecido el caso, probablemente por inspiración de Prieto, ministro de Marina y Aire. Ejercía de secretario del Juzgado Pedro Álvarez Castellanos, quién, seguro de que se buscaba la condena de José Antonio y valiéndose de su cercanía a Enjuto, se negó a acompañarle porque "no iba a asesinar a nadie" y dudaba de que fuera a actuar con plena libertad. En el Juzgado se encontraba Tomás López Zafra, cuyo hermano era amigo de Álvarez Castellanos, y había sido asesinado por los frentepopulistas. López Zafra era "persona de derechas y monárquico" y se ofreció al secretario para sustituirle con la intención, aprovechando la indolencia de Enjuto, de "hacer lo que pudiera para manejarle y retrasar en lo posible el sumario".

Desconfianza de la instrucción del juez Enjuto

Curiosamente el Fiscal General de la República, Señor Vallés, también remitió, a primeros de octubre, oficio a la Audiencia territorial de Valencia, cuyo fiscal jefe, don Juan Serna Navarro, fue designado para actuar tanto de fiscal inspector como de instructor en el sumario abierto en Alicante. Parece evidente que la Fiscalía desconfiaba de la instrucción de Enjuto y podría no ser extraña al nombramiento la intervención del ministro de Justicia, Mariano Ruiz Funes. Partidario éste de los canjes se mostró, durante su gestión, abierto a tramitar la conmutación de pena cuando se abrieron, en septiembre los grandes procesos. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, su intervención fue inútil, ya que las milicias asaltaban las cárceles para evitar que llegara la conmutación, como sucedió en Murcia el 13 de septiembre de 1936.

Aunque no exista testimonio directo rotundo parece evidente, al historiador, que Prieto, hombre fuerte del gobierno, había influído en el nombramiento de Enjuto y que le había dado instrucciones precisas. El juez comenzó sus actuaciones a mediados de octubre, cuando Prieto había ofrecido, a través de Sánchez Román, la posibilidad de intercambiar a José Antonio por rehenes y varios millones de pesetas, lo que había sido autorizado por Franco. Enjuto, irregularmente, debía acudir con el sumario avanzado a informar a Prieto. Pese a lo que se ha dicho, Enjuto trabajó en la instrucción con cierta celeridad, pese a sus diferencias con el fiscal de Valencia, Juan Serna, ya que sobre el 25 de octubre sólo quedaban las declaraciones de los principales encausados.

El fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Valencia tenía dudas acerca del objetivo de su intervención, por lo que se desplazó a Madrid para entrevistarse con el ministro de Justicia, Ruiz Funes. Este le indicó que el gobierno deseaba que se respetara al máximo la legalidad por lo que convenía ir despacio. El fiscal explicó al ministro que eso contravenía las normas, ya que el tipo de delitos requería el trámite de urgencia. Juan Serna aceptó las indicaciones. Parece evidente que el fiscal estaba dispuesto a que se instruyera un sumario limpio y en eso chocó con Enjuto. El fiscal Serna intervino en la instrucción de lo referente a las armas encontradas en la celda de los hermanos Primo de Rivera. Según las declaraciones fue idea de Tomás López Zafra, para alargar el procedimiento de instrucción, el que juez, y fiscal se trasladasen a Madrid para interrogar al jefe de la prisión provincial, don Teodorico Serna (posteriormente asesinado por los frentepopulistas) sobre un posible trato de favor dado a los Primo de Rivera a tenor de las declaraciones del oficial de prisiones Abundio Gil. Es en Madrid donde ambos, fiscal y juez, chocan de forma definitiva a finales de octubre. Según consta en declaraciones, el fiscal denunció las actuaciones de Enjuto y las coacciones que realizaba sobre los testigos. El enfrentamiento llegó al Fiscal General de la República. Hasta el 2 de noviembre permanecieron en Madrid y Serna fue apartado del caso, siendo sustituido por Vidal Gil Tirado, por orden del 7 de noviembre.

El juez especial se entrevista con Indalecio Prieto

En ese viaje a Madrid, el juez especial, Federico Enjuto se entrevista con Indalecio Prieto, entonces instalado en el Ministerio de Marina. Según testimonio de López Zafra, el dirigente socialista volvió a pedir a Enjuto una instrucción tranquila. A finales de octubre todavía estaban vivas las gestiones para un canje por José Antonio y la posibilidad del intercambio por el hijo de Largo Caballero. Para Prieto, José Antonio era un elemento de posible desestabilización en la zona nacional, por lo que era favorable a las gestiones de liberación; lo que después motivaría, por ejemplo, la ulterior liberación de Raimundo Fernández Cuesta. Pero, conviene recordar, fue el propio Prieto quien, cuando ya se estaban reuniendo los presos en la zona nacional, se desdijo de su propuesta.

Los periódicos de alicante piden máxima dureza.

Conviene hacer una pequeña referencia a lo que está sucediendo en Alicante. Como toda la zona frentepopulista la ciudad costera sufrió en agosto el azote sangriento de las milicias, de los paseos y las visitas nocturnas. Desde la implantación de los Tribunales Populares el rosario de condenas quedaba reflejado en las primeras páginas de los diarios, que no se recataban a la hora de pedir la máxima dureza. El 3 de noviembre de 1936 el editorial de "El Día" pide para los fascistas y fastistizantes, amparándose en noticias sobre supuestos asesinatos en la zona nacional, la aplicación de la pena del Talión; y en la prensa se pueden seguir noticias de la represión aplicada por el Frente Popular bajo el significativo popular de "Limpiando la retaguardia" o se excitaba a las masas con relatos sobre las "barbaridades refinadas fascistas" y en las prisiones, además de los hermanos  Primo de Rivera, quedaban decenas de falangistas. Los presos estaban, pues, desde el comienzo de los procesos en Alicante, en el punto de mira.

Pese a la presencia de un gobernador civil republicano, Valdés Casas, el poder recaía en la Comisión de Salud Pública, donde el mayor peso correspondía al anarquismo (diez miembros de dieciséis), aunque estaba presidida por el comunista Vicente Alcalde. En el socialismo alicantino se reproducía la misma división que en el resto de España, aunque el sector prietista contaba con la importante influencia del líder sindical  Antonio Cañizares, quién intervendría, por orden de Prieto, en agosto del 36 para parar el intento de paseo de José Antonio y sus familiares. La influencia de Prieto se contemplaba en el caso de José Antonio, al estar también vinculado a su persona el nuevo director de la cárcel provincial Adolfo Crespo Orrios. La posición de los anarquistas era, pese a lo que se ha escrito, diversa, un sector deseaba la muerte de Primo de Rivera, y su peso sería trascendental en el juicio; otro, sin embargo, se había comprometido  a defender la cárcel en caso de asalto. Completa ese panorama el hecho de que a principios de noviembre fueran miembros de la CNT los que llegaran destinados a la prisión para vigilar a José Antonio y que fueran éstos los que formaran parte del piquete de ejecución.

La intervención del ministro de Justicia

El 2 de noviembre de 1936, el juez especial está nuevamente en Alicante, sabe que el fiscal José Serna ha sido apartado de las instrucción. Las tropas nacionales avanzan hacia Madrid. El Comité de Salud Pública se impacienta. El 4 de noviembre se produce la remodelación del gobierno, el Ministerio de Justicia pasa a las manos del anarquista García Oliver. El proceso de José Antonio va a recibir un nuevo impulso por parte del gobierno.

El nuevo fiscal, Vidal Gil Tirado, que gozaba de la confianza del Comité Popular de Defensa, ya había ejercido en octubre de Presidente del Tribunal Popular de Alicante -según testimonios- se había ofrecido a la Comisión de Justicia para "cargarse a José Antonio en una semana si le prometía obtener su nombramiento de magistrado del Tribunal Supremo", como si sucedió, por ello, a principios de noviembre, dejaba la presidencia del Tribunal a Marín Carnicero, para asumir la fiscalía. La comisión encontró la excusa perfecta para lograr que se nombrara a su candidato tras el pequeño bombardeo que sufrió el puerto de Alicante, por un sólo bombardero, el día 5 de noviembre, que causó dos muertos y un herido.

La instrucción del sumario se reanudó el día 9, quedaban las declaraciones de los acusados. Entre el 4 y el 9, probablemente el 7, el ministro llama al juez y al fiscal para que acudan a entrevistarse con él en Valencia. Aunque algunos indican que la entrevista se celebró en la tarde noche del 10, lo más probable, por los días de declaraciones es que fuese el día 8 de noviembre.

La intervención de Prieto: se pacta la sentencia.

El juez Enjuto, el fiscal Vidal Gil y el Secretario López Zafra llegan al hotel inglés de Valencia, allí se encuentran Prieto, García Oliver y Sánchez Roca. Estos dos últimos se reúnen con los instructores. El ministro quiere conocer el estado de la instrucción, apremiándoles para que se concluya de forma inmediata con la condena de José Antonio y Miguel. López Zafra indica que se necesita tiempo, ya que por la importancia del caso es necesario "hacer una obra jurídica lo más perfecta posible". García Oliver acepta que es necesario el máximo rigor, pero que es urgente iniciar el juicio. Al interesarse por los resultados de la instrucción y si de ellos se desprendían  los cargos suficientes, Vidal Gil precisó que "había cargos graves y suficientes que pudieran justificar la pena de muerte", y que en cuarenta y ocho horas se podría incidir el juicio. Según José Latour Brotons, entonces aspirante al ministerio fiscal en la Audiencia de Alicante, en la reunión se pactó la pena de muerte para Miguel y José Antonio y la de treinta años para Margarita Larios. Enjuto se entrevista con Prieto, quien suscribe lo indicado por el ministro.

La actuación de Vidal Gil Tirado llegará más allá del propio juicio. Según testimonio del citado José Latour, le habían comunicado los intentos de liberar a José Antonio con la colaboración de la marina alemana. El en persona, en colaboración con la policía, frustró la gestión. Sin duda se refiere a las últimas gestiones de soborno aprobadas por Franco. La precisión que nos da el testigo es que los dos millones de pesetas ofrecidos, que habían llegado a las aguas de Alicante por decisión de Franco, eran en oro. Pese a ese fracaso, Franco en persona cursará un último ofrecimiento en noviembre: cuatro millones de pesetas (unos ochocientos millones actuales) y el diputado socialista Graciano Antunia, uno de los dirigentes de la revolución de octubre. Hasta ese momento Franco había aprobado, apoyado e incluso colaborando activamente en cuantos intentos de rescate se le habían propuesto. No existe testimonio sólido alguno ni documentación que permita sostener lo contrario y debe considerarse como simple manipulación, fruto del desconocimiento, el continuar escribiendo que "Franco siempre contestó no a todas las propuestas de canje, alegando que no se fiaba del gobierno del Frente Popular.

La sentencia

Es de sobra conocido el juicio  en sí. El auto de procesamiento de Enjuto, quien en los interrogatorios mantuvo cierta amabilidad con José Antonio, reprochada por el fiscal, resultó mucho menos preciso que el escrito de acusación de Vidal Gil Tirado, pero aún así difícilmente lograba el fiscal aprobar el delito de rebelión militar.

La hábil defensa de José Antonio y el grado de convicción, avalado por numerosos testimonios, minó la argumentación del fiscal, quien en su intervención final, en vez de ceñirse a la línea de acusación buscó el elemento emotivo recordando que "aquí, en la retaguardia, jurídicamente se lucha también con la misma heroicidad, y es de gran interés oír voces que nos comprendan y vibren al unísono de nosotros, que sientan nuestra lucha como el que más". Siendo, por tanto, una sentencia condenatoria una contribución a la lucha que se libra en los frentes.

Según testimonios de quienes estuvieron en la Sala, José Antonio fue felicitado por uno de los jurados anarquistas, que llegó a darle la mano. Compartió algunos instantes con el juez Eduardo Iglesias Portal, con el vocal  Enrique Griñán (a quien miembros de la CNT llegaron a amenazar) y con el secretario Federico Amnerigo, quien, también le brindó su mano. José Antonio llegó a decirles que tuvieran el valor necesario, que ya era cuestión de pocos días, "porque la victoria nacional era inminente" (los nacionales estaban a las puertas de Madrid). Griñán le dijo: "que mal rato nos ha hecho pasar". José Antonio le contestó: "Bueno, pero usted reconocerá que peor lo voy a pasar yo". El también vocal, Rafael Antón Carratalá, había intervenido en los intentos de rescate mediante soborno. Por todo ello, el fiscal Vidal Gil Tirado, alegaba, ante testigos, que le habían dejado solo.

La coacción al jurado

Los diversos testimonios que hemos podido reunir  indican que, en último término, se impuso la coacción al jurado. En ello jugó un papel trascendente el anarquismo local, ya que sus representantes en el jurado popular fueron irreductibles en su decisión de condenar a José Antonio; finalmente el voto del vocal comunista decidió la culpabilidad del fundador de la Falange. Pero incluso con las contestaciones del jurado, tal y como anota el magistrado Enrique Griñán era posible no condenar a José Antonio a la última pena.

Ahora bien, la responsabilidad última de la ejecución no de la sentencia, recaía en el gobierno. ¿Tenía éste alguna base jurídica para tratar de evitar la muerte de José Antonio? Rotundamente si. Existía base legal para aplazar la sentencia o remitir el caso al Supremo, ya que en la redacción final aparecían importantes errores de forma (redacción de la pregunta duodécima). Es el asesor jurídico del ministro de la Guerra (Largo Caballero) el primero en pronunciarse en contra de los huecos jurídicos que ha encontrado José Antonio para intentar aplazar  la sentencia, aunque establece la salvedad de "las altas razones políticas" para no ejecutar la sentencia.

Prieto y Largo Caballero intentan excusarse

Entra, en este instante, otra vez en juego la leyenda. Tanto Prieto como Largo Caballero dieron pábulo a la idea de que el gobierno nada pudo hacer porque los poderes locales se adelantaron y ejecutaron a José Antonio. Tesis que, incomprensiblemente, se sigue aceptando pese a los numerosos datos que la desmienten. Ahora bien, conviene subrayar que el gobernador civil intentó buscar el apoyo de los partidos para aplazar la ejecución de la sentencia, amparándose en la idea, cierta por otra parte, de que la vida de José Antonio garantizaba que Alicante no sería bombardeada. Si tanto interés había por salvar a José Antonio desde el socialismo y el anarquismo bastaba con ese apoyo de los partidos y sindicatos, pero la respuesta al gobernador fue la contraria, pronunciándose por la ejecución.

La sentencia fue remitida inmediatamente al gobierno en la madrugada del 18 de noviembre. Es posible incluso, algunas fuentes así lo señalan, que Prieto estuviera en Alicante el 18. El gobierno si trató la sentencia de José Antonio. Usualmente el proceso implicaba una revisión inmediata y una ejecución al amanecer. El gobierno debió tratar el tema el 19 de noviembre en Valencia.

El testimonio del ministro de Justicia, Juan García Oliver, sobre la reunión es inapelable. El ministro aprobaba sistemáticamente las decisiones de los tribunales populares para evitar la desautorización de los mismos. Largo Caballero presentó el caso, se mostró partidario de ejecutar la sentencia "quedan enterados. Si hay alguna objeción, háganla ahora". Según García Oliver, la respuesta fue el silencio. Intervino Carlos Esplá, republicano alicantino, para pedir el aplazamiento para un posible canje por el hijo del presidente de gobierno. Largo Caballero cortó la intervención con un seco: "¿Alguna objeción?" Nadie dijo nada, incluso Prieto.

El Consejo de Ministros conoció antes la sentencia

Contamos otro testimonio de la sesión, en este caso indirecto, que confirma que el asunto se trató en el Consejo de Ministros con antelación a la ejecución. Según había relatado Irujo, él y Prieto eran contrarios a la ejecución, pero en la votación, Prieto explicó que en cualquier caso suscribiría la decisión adoptada por Largo Caballero. Y es que, en el fondo, Prieto seguía pensando lo que había expresado en mayo en Cuenca: José Antonio tenía como "único título político el caudillaje de una formación consagrada exclusivamente a la violencia. ¿Cómo compaginan los directores de la derecha sus afirmaciones constantes de acatamiento respecto a la legalidad con el hecho de abrir de par en par las puertas de sus candidaturas a quien si tiene alguna significación, es exclusivamente la de la violencia?"

Finalmente como prueba última de la decisión gubernativa  de dar conformidad a la ejecución de José Antonio ha aparecido un documento del fiscal del caso, Vidal Gil Tirado, donde se indica que el gobierno cursó el enterado el 19 de noviembre de 1936, lo que avalan otros testigos como el secretario del Tribunal Popular alicantino, Haroldo García Soler.