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Arnaud Imatz
Politólogo
¿Pervive el espíritu de la Transición democrática que marcó la vida
política española durante más de un cuarto de siglo? ¿Se trata solamente
de un recuerdo desgastado? A juzgar por la ola de sectarismo levantada en
la primavera de 2010 por "el asunto del juez Baltasar Garzón", la cuestión
merece ser expuesta.
Según la opinión general, la instrucción contra el magistrado-astro
exacerbó las tensiones del país, dividiendo la opinión pública en dos
campos. Un deterioro del clima político tanto más lamentable al tiempo que
España sufre una crisis económica profunda.
En varios días de informaciones-desinformaciones, el juez de la Audiencia
nacional Baltasar Garzón se convirtió en un verdadero fenómeno popular.
Sus admiradores eran unos millares que consideraban que hay que protestar
"contra la impunidad del franquismo" (24 de abril de 2010). En las calles
de Madrid enarbolaban la bandera tricolor de la República y la bandera
roja comunista. Reclamaban a grandes gritos la vuelta de la República y la
ilegalización del Partido Popular. Para todos ellos no había duda: el
proceso contra el juez manchaba la memoria de las víctimas y constituía un
"escándalo sin precedente".
¿Intenciones excesivas de una minoría de revanchistas? ¡Cierto! Pero el
asunto es preocupante. Personalidades habitualmente poco propensas al
radicalismo extremista avivaron el fuego. El diario próximo al gobierno,
“El País”, sostuvo sin reserva a Garzón, reproduciendo las intenciones más
insultantes para el Tribunal Supremo, y criticando a la vez, a Luciano
Varela, juez encargado de la instrucción.
Para comprender verdaderamente el asunto Garzón, hay que tomarse el
trabajo de informarse seriamente. Evidentemente, los grandes medios de
comunicación no consideran útil hacer este trabajo.
Un detalle importante ha sido pasado en silencio. Garzón no es juzgado por
haber querido abrir las “fosas del franquismo” o investigar sobre los
crímenes del régimen, sino por "prevaricación voluntaria" o falta grave a
las obligaciones de su cargo. En un Estado de derecho, con más razón en
una democracia, a partir del momento en que un juez pretende sustituir al
legislador, en el momento en que viola deliberadamente la ley, está
jurídicamente “muerto”. Esto, no lo ignora un jurista digno de este
nombre.
Volvamos sobre los hechos
El 26 de diciembre de 2007, José Luis Zapatero hace aprobar una "ley de
memoria histórica" cuyo origen se encuentra en una propuesta del Partido
Comunista (Izquierda Unida). Esta ley tiene por objeto honrar y recuperar
la memoria de todos los que fueron víctimas de injusticias por motivos
políticos o ideológicos o de creencias religiosas durante y después de la
guerra civil. Es el resultado de un consenso entre la izquierda y los
partidos nacionalistas vascos (PNV) y catalán (CIU). Estos últimos, de
sensibilidad demócrata-cristiana, consiguieron hacer admitir las
"creencias religiosas" entre los motivos de represión. Su enmienda se
reveló sin embargo de un efecto limitado. Desde su promulgación, la "ley
de memoria histórica" ha sido interpretada sistemáticamente en favor de
los representantes y simpatizantes del campo republicano y de sus
descendientes.
Consciente de manejar una bomba de efecto retardado, el gobierno
socialista primero escogió la inercia. Como dijo el secretario general de
Amnistía internacional, Claudio Cordone, en materia de exhumaciones de los
restos de las fosas comunes no hizo "prácticamente nada" (El País,
27-mayo-2010). Se contentó con dejar actuar a las asociaciones privadas
generosamente subvencionadas.
El 16 de octubre de 2008, Baltasar Garzón, juez de instrucción de la
Audiencia nacional, se pronunció sobre 22 denuncias "de Asociaciones de
recuperación de la memoria" sobre "genocidio y crimen contra la
humanidad". Primeramente, el magistrado se declaró competente para
instruir la totalidad "de crímenes del franquismo" y autorizó la apertura
urgente de 19 fosas. Luego, para evitar ser desaprobado por sus pares,
ordenó que "la instrucción necesaria" fuera llevada por los jueces
competentes. El ministerio público inmediatamente reaccionó por la voz del
fiscal, Alberto Zaragoza, quien censuró a Garzón por haber eludido la ley
de amnistía de 1977 y querido realizar un tipo de inquisición general que
recordaba la instrucción general (Causa General) llevada por el ministerio
público de Franco, entre 1940 y 1943, lo que la Constitución prohíbe
categóricamente. El fiscal también le reprochó al juez por atentar al
principio constitucional de no retroactividad y por fundarse sobre reglas
de derecho internacional que no existían en la época en la que los actos
habían sido cometidos.
En la polémica, periodistas de derecha recordaron que el mismo juez Garzón
había rechazado, en 1998, una querella semejante sobre "genocidio, tortura
y terrorismo", contra el PCE y su Secretario general, Santiago Carrillo,
el PSOE y el Estado español, denuncia presentada entonces por la
Asociación de las familias y amigos de víctimas del "genocidio de
Paracuellos del Jarama" (2.750 a 5.000 muertos según las fuentes). Garzón
entonces había discutido la capacidad jurídica de la asociación de los
demandantes y les había reprochado "romper las normas de retroactividad" y
violar la Constitución. Hasta había rechazado su queja de "abuso de
derecho" y puesto en duda la deontología de los abogados demandantes.
Confirmando la posición del juez Garzón, el fiscal Pedro Rubira había
declarado, algunos meses más tarde (marzo-2000), que los hechos habían
prescrito y recordó que la ley de amnistía de 1977 se aplicaba con pleno
derecho.
Diez años más tarde, fundándose sobre argumentos y una jurisprudencia
radicalmente inversa, Garzón admitía la queja de las víctimas del
franquismo. Desde entonces, no iba a tardar en caer en su propia trampa.
En 2009, era objeto de tres querellas por "prevaricación voluntaria"
depositadas por el Colectivo de funcionarios Manos Limpias y la asociación
Libertad e identidad.
A principios de abril de 2010, sintiendo la suerte de su amigo Garzón
sellada, el fiscal argentino del Tribunal penal internacional, Moreno
Ocampo, propuso que el juez fuera trasladado al Tribunal Penal
Internacional con la esperanza de bloquear el procedimiento de suspensión.
Pero a pesar del acuerdo del ministerio público y del gobierno, a pesar de
las manifestaciones de apoyo en la calle, a pesar de la propuesta de
proyecto de ley de los comunistas de Izquierda Unida que pretendía
modificar la ley de amnistía, la maquinaria judicial no pudo ser frenada.
Un triple proceso contra el juez Garzón
El 14 de abril de 2010, ha sido tomada una medida disciplinaria de
suspensión en contra del juez por unanimidad por miembros de la Asamblea
plenaria del Consejo General del Poder Judicial. Esto marca la apertura
del triple proceso de Garzón ante el Tribunal Supremo (apertura de
instrucción penal contra crímenes amnistiados por la ley, obtención de una
ayuda económica por un banquero a quien instruía un asunto y la
interceptación de comunicaciones entre abogado defensor y su cliente). El
juez se arriesga a ser condenado a 20 años de incapacitación profesional.
No hay que equivocarse sobre las verdaderas razones de la amplitud de este
asunto. Para los amigos de Garzón, las tribulaciones del juez son sólo un
pretexto para dar cuerpo a sempiternas mentiras. Al oírlos, parece dar la
impresión de que en 1936, los "buenos" habrían estado en un campo y los
"malos" en el "otro"; todas las víctimas de los "franquistas" habrían sido
personas honorables, héroes de la democracia; el espanto en el campo
nacional habría sido infinitamente más brutal que el del campo
republicano; la derecha sería la única responsable de la destrucción de la
democracia y de la guerra civil; además, como heredera del franquismo,
ella continuaría monopolizando el discurso y la memoria del conflicto.
Las mentiras
Primera mentira: las víctimas de los "franquistas" eran todas
combatientes de la democracia, gente que debe hoy ser honrada y cuyos
asesinos deben ser juzgados.
Según este discurso, poca importancia tiene que la vida en la zona de la
Frente popular hubiera sido un infierno verdadero para la mitad de
españoles. ¡Olvidadas las víctimas de la represión frente-populista debido
a sus convicciones religiosas, o porque eran militares, nobles o
burguesas, o simplemente de derecha!
No sabemos por qué debemos poner sobre el mismo plano a víctimas y
verdugos. Tres ejemplos edificantes deberían bastar para comprender la
perversidad de este raciocinio.
– Primer ejemplo: Juan Peiró y Agapito García Atadell. Peiró fue un
dirigente anarquista, ministro del Gobierno frentepopulista durante la
Guerra Civil, pero se trata de una figura ambigua que se opuso a algunas
manifestaciones del terror "rojo" e intervino para salvar algunas vidas al
tiempo que formaba parte del entramado responsable del proceso
revolucionario y de los crímenes ejecutados materialmente por otros.
Atadell, era un socialista, jefe de la Brigada de Investigación Criminal,
que dependía directamente de la Dirección General de Seguridad del
Ministerio de la Gobernación. Fue responsable de robos, violaciones y de
más de ochocientas detenciones al margen de la legalidad, muchas de las
cuales terminaron en asesinatos. Condenado a muerte por un consejo de
guerra, fue también ejecutado. ¿Hay que honrar por eso la memoria de Peiró
y de Atadell de la misma manera?
– Segundo ejemplo: Juan Duarte Martín. Era un joven seminarista de
20 años. Su historia es de una naturaleza que hiere la sensibilidad de las
personas más endurecidas. Juan fue denunciado por sus vecinos y torturado
durante ocho días en noviembre de 1936. Una joven mujer fue encargada de
seducirlo pero como se negaba a romper su voto de castidad, un miliciano
lo castró con una navaja de afeitar y le ofreció sus testículos a la
señorita. Después de abrirle el vientre, todavía vivo, echaron gasolina
por su cuerpo y le prendieron fuego. Durante este último tormento, Juan
Duarte sólo decía: "Yo os perdono y pido que Dios os perdone... ¡Viva
Cristo Rey!" Las últimas palabras que salieron de su boca con los ojos
bien abiertos y mirando al cielo fueron: "¡Ya lo estoy viendo... ya lo
estoy viendo!" Los mismos que intervinieron en su muerte contaron luego en
el pueblo que uno de ellos le interpeló: "¿Qué estás viendo tú?" Y acto
seguido, le descargó su pistola en la cabeza. El 28 de octubre de 2007, el
sobrino de Juan, José Andrés Torres Mora jefe de gabinete de Zapatero,
diputado socialista y promotor de la "ley de memoria histórica", asistía a
la beatificación de su tío, uno de los 498 mártires entonces distinguidos
por la Iglesia católica. ¿Tenemos que honrar hoy a los verdugos de Juan
Duarte Martín so pretexto de que combatían en nombre de la libertad?
– Tercer ejemplo: el poeta comunista Marcos Ana. Este icono de la
izquierda fue encargado de leer el manifiesto de apoyo del juez Garzón el
24 de abril de 2010. Escritor de 90 años, es el preso más viejo de España
franquista. Pasó 22 años por las cárceles, según nos dijeron, por "un
delito simple de conciencia". Hasta Pedro Almodóvar, quería realizar una
película a su gloria. Lo que no se sabe tanto, es que Marcos Ana es el
seudónimo de Sebastián Fernando Macarro, miliciano que fue condenado por
el asesinato de tres personas inocentes conocidas por sus convicciones
religiosas. En su expediente judicial nº 120976 aparecen los motivos de su
condena: era un joven líder de las Juventudes Socialistas Unificadas, jefe
de grupo en el "Batallón Libertad" de Alcalá de Henares. Macarro fue
condenado a muerte en 1943, pero como era menor, en el momento de los
hechos, en 1936, su pena fue conmutada a 30 años de reclusión. Este
militante comunista, que jamás renegó su pasado, hoy es presentado como un
combatiente de los derechos humanos.
La segunda mentira: el terror en el campo republicano fue
infinitamente menos importante que el del campo nacional. Según los
estudios más serios, el balance de la represión en la zona nacional se
sitúa alrededor de 70.000 ejecuciones y el de la zona republicana
alrededor de 60.000. Es muy probable que la cifra final de la zona
nacional sea superior a la de la zona republicana. El terror rojo actuó
con rigor durante tres años sobre un territorio que disminuía
constantemente, mientras que el terror blanco duró más de tres años sobre
un territorio cada vez más vasto. La cifra de la represión nacional
incluye además las ejecuciones posteriores al conflicto para crímenes de
guerra y represalias políticas. Esta "guerra de las cifras" no debe
enmascarar un punto capital: hubo un terror blanco, pero hubo también un
terror rojo, y, debido a su importancia, es difícil de creer que fue
desorganizado o incontrolado como los comentadores más sectarios todavía
afirman.
La tercera mentira: la derecha española, ayer responsable de la
Guerra civil, sería hoy la heredera del franquismo. ¡Una tontería crasa!
El Profesor americano, Stanley Payne, barrió recientemente la leyenda de
la responsabilidad pretendida y única de la derecha en el origen de la
Guerra Civil. Recordemos solamente un punto revelador: la izquierda
revanchista exige periódicamente de la derecha una condena del golpe de
Estado de 1936, pero jamás se arrepiente de su golpe de Estado de 1934.
En cuanto a la pretendida herencia franquista basta con recordar las cinco
grandes etapas de la Transición democrática, para mostrar la falsedad de
la afirmación de esta herencia pretendida de la derecha española:
1. El decreto ley que autorizaba las Asociaciones políticas fue promulgado
por Francisco Franco, el 21 de diciembre de 1974, un año antes de su
muerte.
2. La ley de Reforma política fue adoptada por las Cortes españolas el 18
de noviembre de 1976 (por 425 votos contra 59 y 13 abstenciones) y
ratificada por referéndum popular el 15 de diciembre de 1976. Precisamente
fue el sobrino de "José Antonio", Miguel Primo de Rivera, quien defendió
delante de las Cortes el proyecto de ley presentado por el jefe de
Gobierno Adolfo Suárez, el antiguo Secretario general del Movimiento, un
texto que enterraba el franquismo y que había sido redactado en gran parte
por otro antiguo Secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández
Miranda.
3. Las primeras elecciones generales legislativas del 15 de junio de 1977,
se ganaron por la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, antiguo
líder del Movimiento, por delante del PSOE de Felipe González.
4. La ley de amnistía fue adoptada por las Cortes el 15 de octubre de 1977
(296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y uno nulo). Esta ley
recibió el apoyo, sin la menor reserva, de la casi totalidad de la clase
política (en particular líderes del PSOE y del PCE). Esta amnistía no se
limitaba a la Guerra civil, sino concernía a todos los delitos cometidos
para restablecer las libertades públicas o reivindicar las autonomías de
las regiones de España (particularmente las acciones violentas de los
maoístas del GRAPO y de los separatistas de la ETA). Pues no fue adoptada
bajo la presión de los carros como hoy pretenden los amigos del juez
Garzón. No fue tampoco ni una "amnistía-amnesia", ni una "cobardía", sino
un acto de generosidad y de reconciliación. En 1977, el conjunto de la
izquierda la defendía con vehemencia. La posición actual de los
partidarios de Garzón, que quieren reformarla o anularla, constituye pues
una curva de 180. Por fin, última etapa, que no había sido posible sin la
ley de amnistía:
5. La adopción por el Congreso de la Constitución y su ratificación por
referéndum el 6 de diciembre de 1978 (87 % de votos a favor).
La Transición democrática no fue una conquista de los enemigos de la
dictadura
Los hechos están allí. Indiscutiblemente es la derecha franquista quien
tomó la iniciativa de instaurar la democracia. La Transición democrática
no fue una conquista de los enemigos de la dictadura, fue una elección
deliberada la gran mayoría de los que habían estado allí y de sus
principales líderes.
El escritor, Jorge Semprún, antiguo comunista y ministro de cultura
socialista, declaraba hace poco: "La memoria de los vencidos no se tiene
en cuenta, y sigue predominando la memoria de los vencedores, como ocurrió
desde la posguerra hasta bien tarde. La retórica de la memoria de los
vencedores es la que sigue predominando" ("La memoria es la vida", El
País, 12-abril-2010). ¡Esto es ridículo! Precisamente la verdad es todo lo
contrario. Si había un cierto consenso sobre las principales conclusiones
relacionadas con los acontecimientos de la República y de la Guerra civil,
éste voló en pedazo en los años noventa. Los autores favorables al Frente
popular inundaron las librerías de libros, ocuparon los púlpitos
universitarios y monopolizaron los grandes medios de comunicación. Después
de la llegada de Zapatero la tendencia se reforzó. Pero en los años 2000,
lo imprevisible se produjo. Una minoría de historiadores independientes,
con Pío Moa a su cabeza, se sublevó. Antiguo comunista-maoísta, Moa
rechazó las interpretaciones convencionales después de haber tenido acceso
a los archivos de la fundación socialista Pablo Iglesias. Boicoteado,
despreciado e insultado por los medios de comunicación oficiales, sin el
menor apoyo del Partido Popular, estos grupos de resistentes debieron su
salvación sólo al apoyo de centenas de millares de lectores y a los éxitos
impresionantes de edición.
Ante la postura de los amigos de Garzón, el antiguo diputado, presidente
de la Comunidad autónoma de Madrid, Joaquín Leguina, una de las figuras
históricas del socialismo democrático español, particularmente
representativo del espíritu de la Transición, lamentaba recientemente: "Es
preciso reconocerle a Baltasar Garzón el éxito de haber aparecido, una vez
más, en el New York Times y en otros notables medios internacionales, pero
el mensaje que el juez y sus hooligans han conseguido colar allí es tan
negativo respecto a los españoles que resulta siniestro. En efecto, este
desgraciado asunto ha sembrado la idea de que en treinta años de
democracia los españoles hemos sido incapaces de lidiar con el pasado, que
la Transición fue una bajada de pantalones, que la Guerra Civil es un tema
tabú y que buena parte de la derecha sigue siendo franquista. Un hatajo de
mentiras" (Blog de Joaquín Leguina: 20 de abril de 2010, artículo
"Adanismo"). En lugar de procurar de nuevo distinguir entre "buenos" y
"malos", ya es hora de dar una visión justa y equilibrada del pasado.
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