Antonio Jesús Torres Martínez
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Exceptuando la pasada Semana Santa, el Valle de los Caídos y su Basílica Pontificia de la Santa Cruz, así como la capilla ubicada en la hospedería externa, llevan cerradas al culto normal desde el mes de diciembre del pasado año, por órdenes expresas emanadas desde el Ministerio de la Presidencia y Patrimonio Nacional.

El manifiesto abuso de autoridad contra todo sentido común y, fundamentalmente, contra la legalidad vigente, se ha venido llevando a cabo sin ningún apego, ni en la forma ni en el fondo, a las leyes y acuerdos internacionales, por parte de las máximas autoridades del Gobierno del Reino de España, alegando para justificar el esperpento una mentira detrás de otra.

En una primera fase, se trató de justificar el cierre unilateral de la Basílica de la Santa Cruz, -para el que las autoridades civiles carecen de legitimidad alguna-, argumentando nada menos que la peligrosidad de un más que posible riesgo de colapso de la estructura en el interior de la Basílica.

La Comunidad Benedictina solicitó al Ministerio de la Presidencia y a Patrimonio Nacional los informes técnicos justificativos de tan alarmante como inaudita afirmación, sin que hasta la fecha hayan recibido informe técnico alguno que lo justificara.

A la vista de ello, la misma Comunidad Benedictina solicitó a diversos profesionales cualificados al efecto un pormenorizado informe técnico al respecto de la supuesta inseguridad en el interior de la Basílica, concluyendo dicho informe que la seguridad en el interior de la misma era de riesgo nulo, informe que fue entregado a Patrimonio Nacional y otras instancias estatales, autonómicas y municipales.

Pero la cosa no quedó ahí. Desde el Ministerio de la Presidencia y Patrimonio Nacional, a la vista del descarado y falaz argumento que habían utilizado para mantener cerrado al culto la Basílica y el conjunto del Valle de los Caídos, y habida cuenta lo concluyente del pormenorizado mencionado informe técnico realizado a petición de la Comunidad Benedictina, alegaron ahora que se corría el peligro de un posible acto terrorista y, con tanto descaro como desvergüenza, con ese nuevo y ridículo supuesto riesgo trataron de convencer a la Comunidad Benedicitina para que asintieran con que debía mantenerse el cierre y la imposibilidad de una pronta vuelta a la normalidad en el Valle de los Caídos.

Ante las quejas e indignación de algunos, alguien en Patrimonio Nacional se percató de lo delirante que resultaba continuar esgrimiendo el argumento terrorista para tratar de convencer a la Comunidad Benedictina con el fin de que asintiera con el cierre al culto del Valle de los Caídos, y entonces surgió y se tuvo la nueva ocurrencia de trasladar ahora el asunto de una supuesta inseguridad derivada de la hermosa y poderosa imagen de “La Piedad", situada en el frontispicio de la entrada a la Basílica.

Y mire por donde, ese nuevo y sorpresivo supuesto riesgo exigía una restauración que debía llevarse ahora a cabo manteniendo por supuesto cerrados, al culto de los fieles y a las visitas turísticas, tanto la Basílica, como la capilla en la hospedería externa y el conjunto del Valle de los Caídos, porque la supuesta restauración había de realizarse despiezando, embalando y trasladando “La Piedad” a una vieja cafetería, para que algunas universidades y la Fundación Juan de Ávalos estudiaran posteriormente qué hacer con la escultura.

Y se requería mucho tiempo para esa operación de literal “destrucción” de la escultura monumental de trascendental significado religioso, como de la mayor importancia para el patrimonio histórico artístico de la nación, “destrucción” así calificada en el informe técnico elaborado por la misma Fundación Juan de Ávalos -propietarios intelectuales de la obra- y la Academia de Bellas Artes de Sevilla, así como otros informes técnicos que se han elaborado para ser presentados en su momento ante los Tribunales de Justicia.

Para esa operación, como decía, se precisaría, miren por donde, un tiempo indeterminado que según el que presuntamente parece estar actuando como mero portavoz de Patrimonio Nacional, el prestigioso diario ABC, podría prolongarse más allá de los diez meses.

A toda esta vergonzosa y delirante historia, se añade el trato vejatorio y humillante a quienes desde hace meses vienen sufriendo en silencio una auténtica persecución religiosa, con el vil propósito de amedrentar su ánimo y que terminen cediendo a los espurios propósitos de quienes, -ya casi superada la vergonzosa fase de borrar impunemente una parte consustancial de la historia de España-, se lanzan ahora a degüello contra uno de los símbolos de mayor calado por lo que representa y querido por los cristianos de todo el mundo y de todas las personas de buena voluntad, cual es la hermosa y significativa imagen de “La Piedad", además de su extraordinario e inigualable valor como bien histórico, artístico y cultural.

Y con mayor ensañamiento si cabe, mentira tras mentira, vulnerando la inviolabilidad de los lugares de culto y violando la libertad religiosa y de culto de todos los españoles y ciudadanos del mundo que por millares se acercan a lo largo del año a visitar el Valle de los Caídos.

La Comunidad Benedictina y diversos importantes empresarios, han ofrecido en reiteradas ocasiones costear y realizar con profesionales y técnicos del más alto prestigio nacional e internacional, la restauración “in situ” que precise llevarse a cabo en “La Piedad", tal como de forma privada se hizo hace pocos meses con la eficaz operación de mantenimiento y limpieza de la cúpula en el interior de la Basílica, a plena satisfacción de todas las partes como pueden hacer constar los mismos técnicos de Patrimonio Nacional que colaboraron y supervisaron tan importante como exitosa operación técnica.

La negativa ha sido ahora rotunda por parte del Ministerio de la Presidencia y de Patrimonio Nacional, porque sus propósitos no son otros que mantener a cal y canto cerrados al culto el conjunto del Valle de los Caídos y sus diversas instalaciones religiosas, mucho me temo que con el objetivo de terminar por hacerse con el dominio total sobre dicho lugar y llevar a cabo allí lo que en el Congreso de los Diputados hace unos años y en la propia Bruselas ya se ha sugerido con la mayor claridad.

Hasta ahora no han venido haciendo sino probar con engaños y todo tipo de artimañas la resistencia de la Comunidad Benedictina y del conjunto de la Iglesia Católica en España y en la Santa Sede, así como provocando a diversas corrientes políticas para generar el circo mediático al que es tan adepto nuestro Presidente como reconoció en su momento ante las cámaras de televisión, con un exclusivo propósito de burda aritmética electoralista.

El asunto es a tal grado grave y de tan incalculables consecuencias, que no puede uno dejarse de extrañar y mucho por el silencio de los medios de comunicación ante tales atropellos, cuando no se limitan algunos a hacer de portavoces de los falaces argumentos justificativos de las autoridades implicadas directamente en este espeluznante asunto, sin haber intentado en ningún momento contar toda la historia tal como en verdad se ha venido desarrollando desde el inicio y hasta la fecha.

Todos sabemos que hubiese ocurrido en la España en que nos ha tocado vivir y, en determinados aspectos, sufrir, si se hubiese perpetrado algo siquiera parecido con una mezquita y sus responsables religiosos, a los que como decía en otra ocasión amparan las leyes y nuestro orden constitucional, y por cuyos derechos y su libertad religiosa y de culto ofrecería sin dudarlo mi propio tiempo y esfuerzo. Justo porque los católicos aman la libertad y sólo desde la libertad para buscar el bien, conciben la sagrada posibilidad del hombre para serlo en plenitud.

Ojalá la cordura y el sentido común terminen por imponerse; ojalá alguna de las muchas personas de bien que hay en el gobierno, frenen el despropósito que desde todos los puntos de vista se viene perpetrando en ese lugar de culto y reconciliación que es el Valle de los Caídos, tal como literalmente se expresa en la misma Ley de la memoria histórica.

Ojalá no haya de ser en los Tribunales de Justicia, donde se restaure e imponga la ley que han de cumplir y hacer cumplir los gobernantes en un Estado de Derecho como el nuestro.

Ojalá los católicos y las personas no creyentes amantes de la libertad, acudan a la única hora en que de 11:00 h. a 12:00 h. no se impide en principio el culto, violándose la legalidad vigente y vulnerándose importantes derechos fundamentales por parte de las autoridades adscritas al Ministerio de la Presidencia y Patrimonio Nacional.

Acudamos de 11:00 h. a 12:00 h. al Valle de los Caídos todos los sábados y domingos que podamos, ejerciendo nuestro derecho a la libertad religiosa y de culto, en silencio y estricto cumplimiento de la ley y respeto a la autoridad constituida, cuyos presuntos abusos y desmanes hemos de limitarnos a ponerlos en manos de los Tribunales de Justicia, como corresponde en un Estado de Derecho como el que impera en España.

Demos a Dios lo que es de Dios y al César de turno lo que le corresponde, con estricto apego a las leyes y los acuerdos internacionales.

La Iglesia ha sobrevivido impertérrita a lo largo de más de dos milenios a la persecución y acoso de ese hombre hecho dios que se empecina, inútil y estérilmente, en vivir al margen y enfrentado al Plan de Dios hecho hombre; y los benedictinos fundadores del ámbito de civilización europeo, han sobrevivido milenio y medio al odio de los necios y la estultez de los pusilánimes.

¡Alegría pues, alegría y esperanza!. Esa ha de ser nuestra exclusiva respuesta acudiendo, todos los sábados y domingos que podamos y nos dejen, al Valle de los Caídos para rendir alabanza y gratitud a la Ley de Dios y para llevar nuestro apoyo y consuelo a los monjes y escolanos que allí viven; y, por supuesto, para llevar ante los Tribunales de Justicia los presuntos abusos, arbitrariedades e ilegalidades de las autoridades que correspondan, con el fin de exigir el estricto cumplimiento y aplicación de la ley de los hombres.

Consideraciones jurídicas

En un Estado de Derecho como se supone que es y en efecto es el nuestro, las autoridades han de respetar y hacer respetar la ley; así de simple y sencillo. Todo lo demás es ganas de enmarañar inútilmente las cosas y contribuir inconscientemente a hacer pasar por verdad lo que es mentira y por bueno lo que es malo.

En el caso de los lamentables y esperpénticos hechos que se viene sucediendo en el la Basílica Pontificia de la Santa Cruz y en el conjunto de ese lugar de culto y reconciliación que es el denominado Valle de los Caídos, cuya responsabilidad recae en el Ministerio de la Presidencia y en Patrimonio Nacional, y con pleno conocimiento del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno del Reino de España, se están violando numerosas disposiciones legales como:

-Código Penal (Arts. 522, 523, 524 y 525)
-Ley Orgánica de Libertad Religiosa (Arts. Primero, Segundo y Tercero)
-Constitución Española (Arts. 14 y 16)
-Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 18)
-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 18 y 20)
-Ley de la memoria histórica (Art. 16)
-Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos (Art. 1)
-Derecho Canónico (c.1213)
-Otras leyes y reglamentos de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Pero vivimos en un estado de derecho y los responsables directos e indirectos responderan antes los Tribunales de Justicia por vulnerar la inviolabilidad de un lugar de culto, violar la libertad religiosa y de culto, dañar el patrimonio histórico artístico de la nación, y de otras violaciones a la legalidad vigente que en aras a la brevedad omito.

Por otra parte, a ninguna persona de buena voluntad, creyente o no creyente, se le puede pasar por la cabeza que la Santa Sede, la Iglesia Española, la Archidiócesis de Madrid y la Comunidad Benedictina bajo cuya custodia se encuentra ese extraordinario lugar de culto y reconciliación que representan las instalaciones religiosas y el conjunto del Valle de los Caídos, no están haciendo con la prudencia, mesura y buen hacer que les caracteriza, todo lo que está en sus manos para que todo vuelva a la normalidad.

Y otro tanto cabría esperar y me atrevo a conjeturar que así debe ser, por parte de SM el Rey de España, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Además, es un deber de los católicos confiar en su Iglesia y rezar para que las autoridades eclesiásticas reciban toda la luz y la fuerza que sólo proceden de Aquel a cuyo servicio han consagrado tan valiente como generosamente sus vidas.

Como fieles, deberíamos hacer cuanto podamos por acudir al menos a la única hora de culto a que, -sin justificación ni atribución alguna y abusando de su autoridad por parte de diversas autoridades y funcionarios-, ha quedado reducida la libertad religiosa y de culto en la Basílica Pontifica de la Santa Cruz y en el conjunto del Valle de los Caídos, cuya inviolabilidad como lugar de culto ha quedado escandalosamente vulnerada.

Se trata de la hora en que se celebra misa de 11:00 h. a 12:00 h. todos los días, única hora a que ha quedado constreñido el culto en dicho lugar. Merece la pena por el apoyo y aliento que representará para una Comunidad Benedictina que está sufriendo una persecución y amedrantamiento tan persistente como inaudito en la Europa de las libertades y el Estado de Derecho, y porque disfrutarán de una de las Celebraciones Eucarísticas más hermosas que celebra la Iglesia en el mundo, así como de las voces de esa extraordinaria escolanía de cuarenta niños que viven y estudian allí.

Ojalá la cordura y el sentido común se impongan y todo vuelva a la justa normalidad que deseamos disfrutar todos los españoles, más allá de nuestras particulares creencias y opiniones o simpatías políticas.

Soy católico, y esa es una de las razones por la que si las autoridades hicieran algo parecido en una mezquita, sinagoga, templo protestante, etc, me sentiría igualmente atropellado en mis derechos y me expresaría en los mismos términos en que lo estoy haciendo en estos momentos.

Por eso apelo a todos los hombres de buena voluntad a que acudan al Valle de los Caídos en la única hora en que, quebrantándose la legalidad vigente, se ha permitido la entrada para el culto en la Basílica.