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Como
es sabido, durante la guerra civil española se produjo una de las
mayores persecuciones religiosas de todos los tiempos, marcada por muy
numerosos actos de vesania y de crueldad extrema con fines explícitos
de exterminio del clero y de los fieles más militantes, abarcando la
matanza incluso a gente por el mero delito de ir a misa. Hubo además
un programa deliberado de erradicación de cuanto recordase la religión
cristiana: incendio de iglesias y monasterios, destrucción de las
cruces y lápidas con signos religiosos en los cementerios, destrozo o
robo de objetos valiosos de culto, de bibliotecas valiosísimas, etc.
Dada la enorme acumulación de cultura y arte debida a la Iglesia, la
persecución causó daños invalorables al patrimonio histórico,
artístico y bibliográfico de la nación.
Esta persecución no irrumpió como un rayo en un cielo sin nubes. Al
contrario, fue preparada por un hostigamiento permanente desde el
siglo XIX, que alcanzó su máxima intensidad durante la II República.
La acción anticristiana comenzó, apenas llegado el nuevo régimen, con
la célebre quema de conventos, bibliotecas, obras de arte y centros de
enseñanza, protegida por la inhibición de la fuerza pública. Pero lo
más grave no fueron los delitos mismos, con ser gravísimos, sino la
autoidentificación casi unánime de las izquierdas con los
delincuentes, a quienes otorgaron el título de “el pueblo”. Y como el
pueblo es soberano, los delincuentes se convertían así en soberanos de
la nueva situación. No creo exagerar en lo más mínimo, pues tal
identificación constituye el prólogo de actos todavía peores. Luego
las izquierdas rompieron las normas democráticas que decían
representar, con una Constitución no laica sino anticatólica, la cual
reducía a los clérigos a ciudadanos de segunda y permitía usar el
poder, ilegítimamente, para asfixiar a la Iglesia, vulnerando de paso
las libertades políticas.
Los años siguientes, sobre todo con ocasión de la insurrección de
octubre de 1934 – verdadero comienzo de la guerra civil– y el triunfo
del Frente Popular en febrero del 36, volvieron los incendios de
templos y comenzó la matanza de clérigos, más de treinta en Asturias;
y episodios significativos como el de los caramelos envenenados,
cuando algunos agitadores soliviantaron a las masas con el cuento de
que las monjas distribuían tales caramelos a los niños, provocando así
un motín con algún muerto y heridos. La propaganda anticatólica cobró
mayor virulencia. Es decir, la sangrienta persecución lanzada al
reanudarse la guerra civil en julio de 1936 solo culminó una
preparación de años. Poco después de la victoria del Frente Popular,
el periódico satírico La traca publicó esta encuesta:
“¿Qué haría usted con la
gente de sotana?”. Vale la pena citarla como botón de muestra, pues
incluye 345 respuestas del siguiente tenor: “Cocerlos como se cuecen
los capachos; los prensaba y luego el jugo que soltaran lo quemaba, y
con las cenizas y pólvora cañoneaba el palacio del Papa”. “Pelarlos,
cocerlos, ponerlos en latas de conserva y mandarlos como alimento a
las tropas italianas fascistas de Abisinia”. “Darles una buena paliza
de quinientos palos a la salida del sol de cada día”.
“Lo que se hace con las uvas: a los buenos colgarlos, y a los malos
pisotearlos hasta que no les quedara una gota de sangre”. “Castrarlos,
hacerles tirar de un carretón, hacerlos en salsa y darlos a comer a
Gil Robles y al ex ministro Salmón”. “Hacerles sufrir pasión y muerte,
como Cristo, a ver si, como dignos representantes suyos, lo sufrían
con aquella resignación del Nazareno. Si le imitaban en todo,
entonces, después de muertos, sería cuando creería en ellos”.
“¡Pobrecitos curas! Es tanto lo que les quiero, que uno a uno los
haría colgar de la torre de mi pueblo para que no hicieran más
crímenes, que bastantes han hecho ¡Canallas!”. “Ponerlos en los cables
de luz eléctrica, rociarlos con gasolina, pegarles fuego y después
hacer morcillas de ellos para alimento de las bestias”. “Castrarlos.
Molerlos. Hervirlos. Hacerlos zurrapas. Echarlos a la estercolera”.
Y así
sucesivamente. Las respuestas venían de todo el país, con sus
correspondientes firmas, lo que revela dos cosas: el profundo
“envenenamiento de la conciencia de los trabajadores”, denunciado por
el socialista Besteiro, y la sensación de impunidad que se iba
adueñando de aquella gente. De ningún modo se trataba de desahogos
grotescos y bravucones, pues actos muy similares se pondrían en
práctica pocos meses después. Aquella propaganda incesante creó el
ambiente para la gran matanza.
El anticatolicismo, no simple anticlericalismo, era el rasgo más
propio de las izquierdas y los separatistas catalanes, su cemento de
unión por encima de tantas rivalidades como los separaban hasta
llevarlos a verdaderas guerras civiles entre ellos. No toda la
izquierda, claro está, odiaba a la Iglesia con el mismo grado de
intolerancia, pero incluso la más moderada veía con simpatía o
indiferencia aquellas conductas y, en el mejor de los casos, se
contentaba con abstenerse. Los más tradicionales comecuras eran las
izquierdas republicanas, la Esquerra catalana y los anarquistas,
mientras que socialistas y comunistas sostenían conceptos algo más
pragmáticos que, desde luego, no excluyeron, llegado el momento, su
participación de primera fila de la persecución.
***
Este
hostigamiento brutal, antidemocrático y sistemático, inclinó al grueso
de la Iglesia al bando nacional, que salió en su defensa, frente al
revolucionario empeñado en exterminarla. No fue, con todo, una postura
unánime. Algunos sacerdotes izquierdistas y bastantes otros
separatistas vascos y catalanes trataron de disimular la masacre o
justificarla con diversos argumentos y, en esa medida, contribuyeron a
ella.
Me extenderé un momento sobre estos últimos: en Cataluña se dio el
caso curioso de que la Esquerra, pese a su intenso jacobinismo,
hiciera lo posible por salvar a los curas nacionalistas. Un informe al
cardenal Gomá, guardado en su archivo y recientemente publicado por
José Andrés-Gallego y A. M. Pazos, dice: “Ha llamado poderosamente la
atención el hecho de que los sacerdotes militantes del catalanismo
hayan salido todos indemnes, mientras sucumbían a centenares sus
hermanos”. Cabe dudar de que todos los nacionalistas salieran
indemnes, pero hubo una operación política para favorecerlos,
excluyendo a los curas catalanes no nacionalistas. El propio Vidal i
Barraquer pudo librarse, dejando abandonado, al parecer por un
malentendido, a su obispo auxiliar, Manuel Borrás, asesinado poco
después. El nacionalismo de Vidal, comenta Azaña, “llega a extremos
chistosos. No ve con malos ojos la disolución de los jesuitas, pero
estima que ha podido hacerse una excepción con los jesuitas de
Cataluña, que son de otra manera, y, por supuesto, mejores”.
La solidaridad de los clérigos nacionalistas con los martirizados fue
escasa, si acaso existió. Madariaga cita a una de sus “lumbreras”,
como lo llama, acaso el mismo Vidal i Barraquer: “Los revolucionarios
han destruido las iglesias, pero el clero había destruido primero a la
Iglesia”. No se entiende cómo pudo ocurrir aquello. Los
revolucionarios no solo destruyeron iglesias, sino que masacraron a
los sacerdotes. ¿Por qué tenían que hacerlo si los sacerdotes habían
servido tan bien a sus designios de arrasar la Iglesia? ¿No debieran
haber premiado y felicitado, más bien, a aquel clero tan conveniente
para ellos? Al final de estas retorcidas justificaciones queda, de un
modo oscuro y contradictorio, la vieja pretensión de presentar a las
víctimas como culpables. Posturas que seguimos viendo hoy en el fraile
ideólogo Hilari Raguer, por ejemplo.
O en el clero nacionalista vasco. Buena parte de él se sentía
estrechamente ligado al PNV, en el cual veía un defensor de la
religiosidad de los vascos, considerados una especie de nuevo “pueblo
elegido”. Quien quizá expresó mejor su insolidaridad radical fue el
muy católico Irujo, ministro de Justicia en el Frente Popular, con una
propuesta de decreto encaminada a mejorar la imagen de las izquierdas
en el extranjero: “La pasión popular, confundiendo la significación de
la Iglesia con la conducta de muchos de sus prosélitos, [hizo]
imposible en estos últimos tiempos el ejercicio normal del derecho de
libertad de conciencia y práctica del culto”. La matanza y destrucción
sistemáticas quedaban reducidas, para ventaja de la propaganda de los
perseguidores, a la simple eliminación del derecho al culto,
atribuido, además, a una “confusión popular”. Las víctimas, por su
“conducta”, habían merecido de algún modo el castigo.
Al revés que los nacionalistas de Álava y Navarra, los de Guipúzcoa y
Vizcaya, creyendo en la victoria de los revolucionarios, optaron por
éstos a cambio de un estatuto de autonomía, que se proponían conculcar
aprovechando las circunstancias. Cuando los navarros ocuparon
Guipúzcoa, la autoridad militar fusiló a 12 ó 14 sacerdotes
nacionalistas por sus actividades políticas. El PNV y el clero adicto
hicieron grandes protestas en la prensa extranjera y en el Vaticano,
apoyándose en sectores “progresistas”, especialmente franceses, pese
al carácter tradicionalmente muy reaccionario y antiliberal del
nacionalismo vasco. Franco cortó los fusilamientos, pero el clero
peneuvista persistió en su campaña para negarle el carácter de
defensor de la Iglesia. En realidad, el clero separatista se
desentendió de la suerte de los sacerdotes perseguidos, justificando
de diversos modos su matanza.
El proyecto de decreto de Irujo señalaba, además: “Una parte de la
Iglesia católica, concretamente la de Euzkadi, ha sabido en todo
momento cumplir su misión religiosa con el máximo respeto al Poder
civil (…) Por eso no ha sufrido el más leve roce con sus intereses”.
Estas frases eran tan falsas como la anterior. En la zona bajo
autoridad del PNV habían sido asesinados nada menos que 55 sacerdotes
que, por ser ajenos al separatismo, no merecieron atención
reivindicativa ni protesta del clero ni de los políticos sabinianos,
tan clamorosos por los fusilados en Guipúzcoa. Otros muchos religiosos
vascos fueron masacrados en el resto del país ante la misma
fundamental indiferencia de los clérigos nacionalistas.
Desde luego, Irujo hizo aquí y allá algunas gestiones en favor de los
perseguidos y algunas denuncias ocasionales. Por ellas ha recibido un
reconocimiento algo excesivo, si las comparamos con su política básica
de ocultación de la verdad, de connivencia con los perseguidores desde
el gobierno, y de apoyo a la propaganda revolucionaria, todo ello sin
protesta alguna de los religiosos peneuvistas, que yo sepa. Pues esta
connivencia de hecho constituía la contrapartida de las vulneraciones
del estatuto por el PNV, como exponía el lendacari Aguirre ante las
protestas de las autoridades izquierdistas: “Euzkadi sirvió con su
ejemplo de único argumento en el exterior, invocado tantas veces en la
Sociedad de Naciones y por numerosos políticos, incluso comunistas,
como la señora Ibárruri en sus mítines de propaganda exterior”. Los
servicios prestados por el PNV y su clero al Frente Popular fueron muy
estimables, pero las izquierdas creían excesivo el pago que por ellos
se tomaban los sabinianos. Estos precedentes, creo, ayudan a entender
sucesos más recientes.
***
La
persecución, tan apasionada y sistemática, no respondía al odio
político, pues la inmensa mayoría de las víctimas no pertenecía a
partidos más o menos fascistas, de los que las izquierdas pudieran
temer agresiones. Su utilidad desde el punto de vista bélico fue nula,
y políticamente perjudicó en extremo a sus autores, al dejar en
evidencia sus pretensiones de libertad, humanitarismo y cultura, y
alimentó la desgana de Gran Bretaña, Usa y Francia por ayudar al
Frente Popular, pese a los clamores "republicanos" y "democráticos" de
éste. Esa aparente irracionalidad, unida a una crueldad tan extrema,
ha obligado a buscar explicaciones al fenómeno, que a menudo han
derivado a críticas a la Iglesia perseguida, y no tanto a sus
perseguidores.
Entre ellas apenas trataré el bulo de que las iglesias y conventos
servían de polvorines o de fortalezas desde donde curas y frailes
disparaban contra "el pueblo". El evidente infundio continúa una larga
tradición, iniciada en la primera mitad del siglo XIX, cuando los
frailes fueron acusados de envenenar las fuentes públicas. Erraríamos
al atribuir tales patrañas, por su tosquedad, a mentes incultas "del
pueblo", pues, por extraño que suene, han sido divulgadas y más o
menos creídas por intelectuales. Con ocasión de la magna pira de
conventos, bibliotecas y escuelas a comienzos de la república, Rivas
Cherif cuenta una frívola charla entre él y Azaña, en la que éste, "si
se le argüía aduciendo la matanza de frailes del 34 del siglo pasado
so pretexto de haber envenenado las aguas, decía que él no lo creía
así; pero que si el pueblo lo aseguraba, era desde ese momento una
verdad histórica irrebatible". En realidad, los bulos partían de
círculos relativamente cultos y politizados, que los utilizaban para
incitar a masas sugestionables, por lo común del lumpen. No se trata,
pues, de una explicación, sino de una parte de la persecución misma.
Madariaga hace una acusación en la línea de la “lumbrera” por él
aludida: en la Iglesia predominaría un estilo rutinario, hipócrita y
hueco, sin apenas contenido espiritual, y un nivel cultural muy bajo.
Pero el mismo autor se contradice, al menos en parte, al observar cómo
las provincias de mayor cultura popular, donde el analfabetismo estaba
erradicado, eran las muy clericales de Santander y, especialmente,
Álava, “la provincia más devota de toda España”. No obstante, insiste:
“Que la Iglesia española, un tiempo gloriosa y liberal, que con
Vitoria y Suárez fundara el derecho internacional, y con Mariana
definiera al príncipe democrático, viniese a degenerar hasta producir
los curas guerrilleros y las monjitas místicas (...) La Iglesia
española fue grande mientras se nutrió de la cultura de las grandes
universidades del siglo XVI”. Pero ese hecho, aun en el caso de que
fuese cierto, de ningún modo podría justificar la persecución. Además,
aunque la Iglesia española tuvo parte muy importante en el despliegue
intelectual del siglo XVI, y son extremadamente apreciables sus
contribuciones a un pensamiento pre liberal, para su propio criterio,
religioso y no directamente político, se trata de méritos derivados y
no esenciales. Por otra parte, si bien la Iglesia no atravesaba su
mejor momento en la II República, suponerla, entonces o en el siglo
XIX, compuesta fundamentalmente por curas guerrilleros y monjitas
místicas, distorsiona la realidad. La Iglesia mantenía numerosas
publicaciones y trabajos de investigación muy variados, e
instituciones culturales de primer orden, como la universidad de
Deusto, donde se hallaba lo único parecido a una facultad de Economía
en el país, cerrada sin mayor reparo por el gobierno de Azaña, tan
afecto a la cultura. También se esforzaba la Iglesia en formar élites
profesionales y políticas, y por contrarrestar intelectualmente las
doctrinas laicistas y revolucionarias, como reconoce Martínez Barrio.
Esfuerzo mejor o peor encaminado, pero en conjunto notable. Sin vivir
una etapa de brillantez intelectual, tampoco estaba el clero tan
decaído como se le achaca, ni mucho menos.
En cuanto a la presunción de una religiosidad formulista y hueca,
choca con la evidencia de las víctimas, que muy a menudo aceptaron el
tormento y la muerte antes que renegar de sus creencias, y lo hicieron
perdonando expresamente a sus asesinos. Los célebres versos de Claudel
sobre los miles de mártires "y ninguna apostasía" parecen bastante
próximos a la realidad. Pues, como una muestra más del extraño
carácter, por así decir antipolítico, de la persecución, a menudo se
ofrecía a las víctimas salvarse si hacían algún acto simbólico como
pisotear un crucifijo o blasfemar. Sea cual sea el punto de vista con
que se trate el hecho, está claro que la fe de los católicos no era
superficial y formularia, al menos la de un sector amplio de ellos.
Y cualesquiera fueran los defectos culturales o espirituales de la
Iglesia, resulta grotesco el intento de justificar o explicar por
ellos la sanguinaria y obsesiva persecución a la que se libraron sus
enemigos. Como si los nazis hubieran perseguido a los judíos
acusándolos de no cumplir como era debido con su religión.
Otra acusación común destaca una supuesta enemistad de la Iglesia
hacia la república. Este argumento ha calado profundamente, también en
la derecha, y ha originado una abundante literatura sobre la cerrazón
eclesial. J. Caro Baroja afirma: "El clero español dio unos cuantos
diputados avanzados, otros reaccionarios. Pero en conjunto, al menos
en el Norte, la campaña más sorda y necia contra la República se hizo
en las sacristías, utilizando la amenaza, la idea de persecución, etc.
(...) La retirada de los crucifijos de las escuelas, las leyes acerca
de licencias para procesiones y otras sancionadas por las
Constituyentes, los incendios de iglesias y conventos, dieron lugar a
interpretaciones torcidas o equívocas, que irritaban a hombres y
mujeres, según los cuales, los castigos de Dios eran inminentes. Todo
quedaba englobado bajo la misma interdicción clerical: desde "bailar
el agarrado" o ir en el "correcalles" a leer La Voz de Guipúzcoa”.
Puede ser, pero todo ello no pasa de pintoresquismo inocente al lado
de las propagandas y actos anticristianos, realmente violentos y
agresivos. Y hechos como las quemas de conventos, bibliotecas y
escuelas por los supuestos adalides de la cultura, o las leyes que
vulneraban las libertades ciudadanas para reducir a los clérigos a
ciudadanos de segunda y a la indigencia, no admitían la menor
“interpretación torcida o equívoca”: su realidad e intención estaban
clarísimos.
A decir verdad, la acusación dicha tampoco encuentra respaldo en los
hechos. La postura eclesial no fue homogénea. Las diferencia podrían
personificarse en los cardenales Segura, por un lado, y Vidal i
Barraquer por otro. El primero, impregnado del espíritu tradicional,
pidió a los creyentes colaboración con las nuevas autoridades, sin
dejar de recordar con gratitud a la monarquía. Aunque sus expresiones
hacia la república no pasaban de frías, eran perfectamente legítimas
en un sistema de libertades, y el gobierno le respondió con menos
tolerancia de la que los republicanos habían disfrutado bajo la
monarquía: le respondió con auténtico despotismo, resultando una
colisión en la que Segura llevó las de perder. Vidal, próximo en
algunos puntos a la democracia cristiana, prefería olvidar el pasado,
aceptaba más abiertamente el espíritu del siglo y cerraba los ojos a
muchas asperezas anticlericales, esperando que el tiempo las limase.
Esta posición fue en parte auspiciada por el Vaticano –representado en
Madrid por el mundano nuncio Tedeschini– y en el conjunto de España
predominó la actitud intermedia de Ángel Herrera, con mucho peso en el
episcopado y cofundador de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas, de los diarios El debate y Ya y del partido de Acción
Popular, embrión de la CEDA, en la cual influía ideológicamente.
La Iglesia adoptó, pues, una actitud respetuosa y contemporizadora,
aunque, claro está, disgustada por las injurias que sufría no de la
república, concebida inicialmente como democracia liberal, sino de los
partidos izquierdistas, nada liberales ni demócratas, aunque no
cesaran de invocar la libertad. La argucia de Azaña cuando alude al
peligro, puramente inventado, de un gobierno de obispos y abadesas, o
explica la persecución por la supuesta "intransigencia, la ferocidad
del todo o nada" que achaca a los católicos, falsea por completo la
realidad. Ni siquiera cuando la tremenda agresión de la quemas de
conventos en mayo del 31, respondieron el clero y los partidos
católicos con la violencia o la subversión, que no habrían dejado de
estar justificadas como legítima defensa. La CEDA no sólo acató el
nuevo régimen, sino que lo salvó literalmente en octubre de 1934,
cuando lo asaltaron las propias izquierdas, como está hoy bien
documentado. No fue la Iglesia la que hostigó a la república, sino las
izquierdas de la república las que hostigaron sin tregua a la Iglesia.
***
Una
tercera explicación afirma que la Iglesia se ganó la animadversión de
amplias capas populares, de los pobres, por haberlos olvidado, por no
haber atendido a sus necesidades. Pero esta acusación ignora dos
cosas: que los autores de la persecución no fueron “los pobres”, sino
unos partidos y políticos que decían hablar en nombre de ellos. La
inmensa mayoría de los pobres no participó en las matanzas, y una gran
parte de ellos siguieron sintiéndose cristianos. Y por otra parte la
Iglesia no estaba tan alejada de los necesitados como se pretende.
Sostenía, entre otras cosas, una red muy considerable de asilos de
ancianos y desvalidos, y de asistencia a enfermos, tanto más
apreciable en una época en que apenas existía seguridad social,
desarrollada más tarde, en época de Franco. Además dirigía centros de
formación profesional y de enseñanza a obreros y jóvenes sin recursos,
de ambos sexos, etc. Lo que hacía el clero en este orden, mucho o poco
y desde luego no era poco, casi nadie más lo hacía. El argumento
podría tener algún peso si el objetivo del exterminio hubieran sido
las jerarquías eclesiásticas o los sacerdotes de los barrios y zonas
acomodadas, pero no fue así. Los perseguidores detestaban
especialmente las actividades eclesiásticas en las zonas populares,
pues las veían como una intromisión en el campo proletario, que ellos
creían monopolio suyo. Los curas y frailes dedicados a esas labores
fueron también asesinados, a menudo con verdadero sadismo. Ya en mayo
del 31 los incendios se dirigieron, significativamente, contra centros
de formación profesional o escuelas salesianas y jesuitas para
obreros, y Azaña quiso prohibir incluso la beneficencia eclesial.
Pese a estos hechos, la acusación permanece con fuerza, completada con
la de haberse aliado la Iglesia tradicionalmente con los “ricos”, con
los poderes “reaccionarios”, “explotadores”, con el “capitalismo”.
Hace poco un ex sacerdote o ex seminarista pasado al socialismo, el
historiador Santos Juliá, criticaba las beatificaciones de los
mártires cristianos, asesinados muchos de ellos por socialistas,
apoyándose en el intelectual católico francés Maritain, de quien
citaba: "Es un sacrilegio horrible masacrar a sacerdotes –aunque
fueran fascistas, son ministros de Cristo– por odio a la religión; y
es un sacrilegio igualmente horrible masacrar a los pobres –aunque
fueran marxistas, son cuerpo de Cristo– en nombre de la religión". Le
repliqué en un artículo de Libertad Digital: “Un historiador con algún
sentido crítico no puede emplear de ese modo la sentencia de Maritain
oponiendo sacerdotes y "pobres". Los sacerdotes eran asesinados por el
mero hecho de ser sacerdotes, pero, ¿de dónde saca Maritain que los
pobres sufrían matanzas por serlo? Eso es propaganda stalinista, y su
falsedad resalta no ya para un historiador, sino para cualquier
persona con sentido común. Ello aparte, los muertos por la represión
de los nacionales durante la guerra ascendieron a unos 70.000, según
los cálculos más solventes de Martín Rubio: ¿tan pocos pobres había en
España? Como sabe todo el mundo, cayó entonces gente acomodada, de
clase media y de escasos recursos, pero ninguno de estos últimos lo
fue por su posición social, sino por considerársele enemigo político o
por venganzas personales. Lo mismo vale para la represión del Frente
Popular (unas 60.000 víctimas, más proporcionalmente que sus
contrarios, al haberse ejercido sobre un territorio menor), la cual
sacrificó también a numerosos obreros y campesinos desafectos. La
persecución de los clérigos y monjas se emparenta cualitativamente con
el Holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos, pues en
ambos casos las víctimas eran asesinadas simplemente por ser judíos o
clérigos. Un historiador serio debe tener en cuenta otro detalle que
Juliá también olvida, y que ayuda a explicar la evidente falsificación
del intelectual francés: la preocupación de este por su país, pues le
alarmaba la influencia alemana e italiana en España en detrimento de
los intereses franceses, y por ello presentaba a Franco como un títere
de Hitler. Pudo tratarse de una mentira inconsciente, pero desde luego
faltaba a la verdad y escondía que, en cambio, el Frente Popular sí
fue dominado por Stalin desde el envío del oro español a Rusia”.
Maritain, por cierto, tenía bastante influencia en el Vaticano, donde,
según Sainz Rodríguez, “nos consideraban un pueblo al que se tiene
seguro, en el que no existe peligro de que se aparte de la disciplina
católica, pero al que no hay que prestar excesivas atenciones. En
cambio, el elemento francés pesaba enormemente en el Vaticano”, e
incluso “los asuntos españoles eran interpretados a través de lo que
se decía en Francia”. Tengo la impresión de que Sainz no iba aquí del
todo descaminado.
Terminaba mi artículo: “Juliá y tantos otros desvirtúan la
espeluznante persecución religiosa con argumentos especiosos, han
pretendido durante años que la Iglesia pidiera perdón a sus
torturadores y ahora se oponen a que honre a sus mártires. ¡Imaginemos
que en Alemania se hiciese hoy algo semejante con los judíos! El
envenenamiento de las conciencias prosigue, con las mismas falsedades
de los años 30. Juliá y compañía no revelan el menor sentimiento por
lo que entonces hizo el Frente Popular, y uno queda con la sospecha de
que repetirían, si hubiera ocasión. Después de todo siguen demostrando
una vocación en verdad fanática por defender a los pobres”.
Además, aunque la Iglesia se hubiera desentendido efectivamente de los
pobres o los trabajadores, ello tampoco justifica en modo alguno la
persecución. Al revés, sus enemigos deberían estar muy contentos de
esa actitud.
Debemos atender a otra faceta de la acusación, muy próxima a la teoría
marxista de la lucha de clases. Según ella, nada más natural que el
compinchamiento de la Iglesia con los llamados explotadores, pues
servía a estos para suministrar a los explotados el opio religioso que
les hiciera resignarse, en lugar de rebelarse contra su triste
situación. Esta doctrina incidía sobre algunos rasgos tradicionales
del cristianismo, y no ha dejado de seducir a algunos sectores
religiosos, que propugnaban el arrepentimiento por la identificación
eclesial con los ricos y los poderosos. La Iglesia debía regenerarse
para ganarse a los pobres, a los trabajadores manuales, a los
desheredados del Tercer Mundo y, en el caso español, pedir perdón por
haber apoyado en la guerra civil a quienes la estaban salvando del
exterminio, en lugar de apoyar a sus exterminadores, los partidos
llamados obreros del Frente Popular. Las víctimas de la persecución
debían recibir así la suprema injuria de un olvido despectivo.
Se trata de un enfoque, ya digo, aproximadamente marxista, esto es,
materialista, y creo que conducía a la Iglesia al suicidio teórico y
práctico. Teórico porque le hacía renunciar o dejar en segundo término
su legado espiritual, no materialista; y práctico porque los partidos
marxistas quedaban como los auténticos defensores de la justicia
social, de los pobres, mientras la Iglesia debía purgar su larguísima
identificación con los opresores y solo muy a última hora reconocía su
error y pretendía rectificar. Al estar la verdad, en lo esencial, al
lado de aquellos partidos, el mensaje de la Iglesia se volvía
redundante, quedaba a la defensiva o se diluía, y tal efecto tenía la
célebre consigna de la cruz en una mano y la hoz y el martillo en la
otra. El llamado diálogo con el marxismo, así planteado, benefició
mucho a este y perjudicó a la Iglesia, en cuyo seno introdujo una
notable confusión. En fin, hoy debiera estar bastante claro que los
partidos autodenominados obreros nunca representaron nada parecido a
unos “intereses históricos” del proletariado, que se combatieron y
asesinaron entre sí y que nunca los pobres sacaron nada bueno de
ellos.
***
En mi
opinión hay tres factores que explican suficientemente la persecución
y sus rasgos criminales. En primer lugar, la tradición jacobina. En
España, mucha gente identificó el liberalismo con la invasión
napoleónica y la Revolución francesa, identificación errónea en
general, pero apropiada en el caso de la fracción de los liberales
llamados exaltados, luego progresistas y republicanos. Para estos, en
efecto, la Revolución francesa constituía el modelo, y un punto
fundamental de ella consistía en el aplastamiento de la Iglesia, como
había ocurrido en Francia y habían predicado algunos ilustrados,
particularmente Voltaire: écrasez l´infâme! Esta concepción difería de
la de la Revolución useña o de la experiencia inglesa, que no
conocieron tales convulsiones y persecuciones; en la misma España, el
liberalismo tenía corrientes moderadas y enlazaba con la tradición
intelectual española de los siglos XVI y XVII, eclesiástica en tan
gran medida. Sin embargo el sector republicano, de estilo muy
jacobino, propugnó la eliminación de la Iglesia, a la que presentaba
como el obstáculo mayor a la modernización del país, a la razón y al
progreso. Ese fue su objetivo esencial, causa de matanzas y quemas de
iglesias ocasionales, así como de una copiosa propaganda. Debe
destacarse que la literatura anticlerical en España nunca tuvo la
altura intelectual de la francesa, y si destaca por algo es por su
carácter soez y pedestre. No obstante, su persistencia y masividad le
fueron ganando un influjo social considerable.
En segundo lugar, las nuevas corrientes revolucionarias, desde finales
del siglo XIX, adoptaron un punto de vista parecido al de nuestros
jacobinos. Los anarquistas miraban la creencia religiosa como un
enemigo incluso mayor que el propio sistema capitalista, y desde muy
pronto hizo objeto a la Iglesia de una hostilidad incondicional,
mediante atentados con bombas y otras manifestaciones violentas.
Probablemente fueron los más entusiastas incendiarios de templos (no
los únicos, ni mucho menos). Los marxistas manifestaban una oposición
menos frontal, pues daban la importancia decisiva al factor económico,
al derrocamiento del sistema capitalista, después de lo cual la
religión debía ir disolviéndose de forma natural, ayudada, eso sí, por
la dictadura del partido, llamada del proletariado. No obstante, los
marxistas creían necesario apoyar a los republicanos más radicales a
fin de cumplir la “revolución burguesa”, preludio necesario de la
proletaria, y por tanto apoyaban su anticristianismo, participando,
como ateos militantes, en la propaganda y el hostigamiento a la
Iglesia, así como, a su debido tiempo, en las matanzas. Como señalé al
principio, este era el único punto de coincidencia entre todos
aquellos grupos, y su influjo sobre sectores de la población no cesó
de crecer en el primer tercio del siglo XX.
Estos dos factores, que se reforzaban, podían ser mantenidos
relativamente a raya mientras persistiera la legalidad que
convencionalmente llamamos burguesa, una legalidad no utópica o
revolucionaria. Pues en una sociedad repleta de intereses, creencias,
aspiraciones y sentimientos muy dispares, solo el mantenimiento de la
ley garantiza una convivencia razonablemente pacífica, aun si con
crisis naturales. Pero la república, nacida en principio como
democracia liberal, sufrió desde muy pronto un proceso de derrumbe
cada vez más agravado, que he descrito en tres fases: una fase de
desbordamiento, de origen sobre todo izquierdista, durante el primer
bienio (quema de conventos, insurrecciones anarquistas, golpe de
Sanjurjo desde el otro lado, fracaso de algunas reformas razonables,
pero aplicadas con ineptitud y transformadas en pura demagogia…). Una
segunda fase de asalto de las izquierdas y los separatistas al poder
que las urnas les habían arrebatado en 1933 (intentos de golpe de
estado por Azaña y los republicanos, preparativos de guerra civil en
pro de un sistema soviético por parte del PSOE, movimientos de
rebeldía de los nacionalistas catalanes y vascos), culminada con la
insurrección de octubre del 34, que dejó 1.400 muertos en solo dos
semanas y en 26 provincias. Y una tercera fase al volver al poder las
izquierdas agrupadas en el Frente Popular, tras las elecciones
anómalas y no democráticas de febrero de 1936, para desatar de
inmediato un movimiento revolucionario desde la calle, con cientos de
asesinatos, incendios, ocupación de fincas etc., más la liquidación
por el gobierno de la legalidad republicana, antes concebida como una
democracia liberal.
Este proceso arruinó la convivencia social en España, acabó de quitar
toda legitimidad al gobierno de izquierdas y motivó la rebelión de las
derechas, reanudándose la guerra civil. Importa subrayar que la
rebelión de julio de 1936 no fue un pronunciamiento militar al estilo
de los del siglo XIX y algunos del XX (la gran mayoría de ellos,
contra un tópico común, tuvo carácter izquierdista, es decir,
exaltado, progresista o republicano), sino una verdadera sublevación
de una parte muy amplia del pueblo en torno a un sector del ejército.
Y que no ocurrió frente a un gobierno legítimo y democrático, como
siguen pretendiendo diversas propagandas, sino contra un gobierno
despótico y un proceso revolucionario. No sería la democracia, como a
menudo se pretende, sino la revolución, la que saldría derrotada.
Fueron, pues, las izquierdas y los separatistas quienes hundieron la
legalidad republicana, aunque persistieran luego en llamarse
republicanos, un artificio de propaganda para retener una legitimidad
ficticia y obtener apoyo exterior (solo lo obtendrían de Stalin, que
convirtió al Frente Popular en protectorado suyo). La ruina del ideal
demoliberal dejó una pugna entre dos ideales dictatoriales, el
totalitario de las izquierdas y el autoritario de las derechas. Este
último, muy preferible para cualquier demócrata, ganó la contienda,
mantuvo a España fuera de la guerra mundial y facilitó un importante
desarrollo económico y la disolución de los viejos odios de la
república, para dar paso, son el tiempo y de forma bastante normal, al
actual sistema de libertades políticas. No me extenderé aquí sobre
estos hechos, hoy suficientemente documentados.
La caída de la ley tiene siempre o casi siempre los mismos resultados:
el desencadenamiento de los odios y las pasiones, y con ellos, de los
crímenes. El levantamiento derechista fracasó al principio y quedó en
posición casi desesperada, recurriendo al terror para asegurar su
retaguardia, mientras que el Frente Popular, seguro de su victoria
empleó el terror como aplicación de un programa de “limpieza”
acariciado y preparado por su propaganda desde largo tiempo atrás.
A mi juicio, estos tres factores, es decir, las concepciones
jacobinas, su reforzamiento por las ideas revolucionarias marxistas y
anarquistas, y la destrucción de la legalidad republicana por el
Frente Popular, explican suficientemente la matanza de religiosos y
muchos otros fenómenos de la época. Podemos hablar del pensamiento
utópico y mesiánico detrás de tales actos, pero aquí dejaremos ese
aspecto de lado.
¿Cuáles fueron los fallos de la Iglesia en relación con todo este
proceso? Como he indicado, no creo que fueran los que habitualmente se
le achacan. La Iglesia perdió mucho terreno en la sociedad española
durante aquellos decenios, como lo ha vuelto a perder ya desde antes
de la transición democrática, y eso requerirá seguramente un análisis
interno. Pero no abordaré esa cuestión, pues no enfoco el tema desde
el punto de vista del creyente, sino del demócrata. Como tal,
considero que la Iglesia tiene el mismo derecho a expresarse y
organizarse que cualquier otra asociación, máxime teniendo en cuenta
su extraordinaria relevancia en la historia y la cultura españolas. Y
estoy convencido de que los ataques que ha venido sufriendo y que
sufre hoy nuevamente, perjudican seriamente no solo a la Iglesia, sino
a la democracia misma, a la estabilidad de la sociedad y a la
integridad del país.
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