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El fin de una ilusión
Para acabar con las
últimas ilusiones de la modernidad, nos enfrentamos a la mayor crisis de
la democracia desde los años veinte. Decepción y esperanza constituyeron
en su momento el atractivo mayor de los movimientos que, desde el marxismo
a los fascismos, pretendieron ofrecer nuevas alternativas a lo que parecía
su irremediable fracaso.
Las últimas elecciones nos han enfrentado a la gravedad terminal de un
sistema democrático que nació en España con la esperanza a favor. El
sistema electoral y la inviabilidad de una participación auténtica por el
cauce de los partidos políticos, han demostrado una vez más su incapacidad
estructural para la organización de la vida en común. ¿Qué está pasando?
La justificación de toda democracia es su utilidad para resolver los
problemas del conjunto social en que se instala. Si esto no es así, si no
solo no les da solución, sino que los agrava, y lo que es aun peor, crea
otros nuevos, es que algo no está funcionando adecuadamente; que algo ha
alterado su radical consistencia.
Si hoy, como en el agitado periodo de entreguerras, vuelve a plantearse la
crisis del sistema con una urgente demanda de solución, algo va mal en
nuestras democracias. No es riguroso asimilar la actual coyuntura a la
vivida en los años veinte, pero sus efectos son igualmente perversos. No
es enteramente seguro descartar la aparición de similares consecuencias,
cuando el surgimiento de los cada vez mayores grupos antisistema,
constituye precisamente una creciente demanda de sistemas alternativos.
Estos pirandelianos personajes deambulan también por la escena política en
busca de autor, al margen de las instituciones establecidas. O lo que es
lo mismo, de líder e ideología que les den sentido. Su mera presencia nos
sumerge en un magma inextricable entre la confusión y la esperanza. Nadie
puede aventurar todavía si de este caos primigenio sometido a su propia
entropía surgirá una vida diferente: ¿Aterradora? ¿Regeneradora?
Si las circunstancias no son las mismas, y son otros los problemas, la
solución no puede provenir de remedios ya ensayados. Ninguna fórmula
salvadora se vislumbra por ese lado que, se mire como se mire, solo ofrece
un paisaje desolador de ruinas y fracaso. A la democracia sólo podemos
combatirla a la altura de nuestro tiempo desde y con democracia. De ahí el
título de este trabajo.
La democracia necesaria.
Otra democracia es posible, pero únicamente identificando sus males
podremos afrontarlos. El sistema electoral y la estructura de los partidos
son, -pero no sólo- la prueba del nueve de la democracia. A través de
ellos se realiza la participación ciudadana en la gobernación del Estado y
en las decisiones que atañen a la convivencia y futuro del conjunto de
ciudadanos libres e iguales. No otra cosa es la democracia.
Si algo demuestra la alta participación en las elecciones presidenciales
francesas –tan superior a la producida en las españolas- es que el
electorado no es indiferente cuando está en juego la propia supervivencia
del modelo de sociedad. Con independencia de la opinión que a cada uno
merezca Sarkozy, parece indudable que frente a la confusión y ambigüedad
de las propuestas de Ségolène Royal, los franceses han optado por la
claridad, la firmeza y el rigor del programa de Sarkozy. Frente al más de
lo mismo y la resignada comodidad, han elegido el esfuerzo y la
excelencia: vuelta a los valores del trabajo, el mérito, los duros ajustes
sociales y económicos, la primacía de la familia, el tratamiento realista
de la emigración, y la reforma educativa en profundidad, como el único
camino para recuperar el papel de Francia en Europa y el mundo.
Por otra parte, tanto por el Partido Socialista como por el reagrupamiento
de la derecha en UMP, la selección de candidatos no ha sido fácil, pero se
ha superado marginando las anquilosadas estructuras partidarias. Los
viejos políticos del aparato chiraquiano y los elefantes del PS han sido
incapaces de contener el empuje renovador. Replantear a fondo la
concepción de los partidos parece inevitable. Fuera de los dos grandes
partidos, el propio sistema electoral francés ha laminado la aspiración de
outsiders como Beyrou o extremistas como Le Pen. Por no hablar de la fauna
de comunistas, troskistas y otros especimenes de diverso pelaje. El
fracaso de la opción centrista de Beyrou debería hacer reflexionar a
nuestros aprendices de brujo. Nunca viene mal recordar a D’Ors: Los
experimentos con gaseosa.
En el partido socialista la sacudida ha llegado a sus cimientos. El debate
para reconstruire une gauche qui gagne, como propone Le Nouvel Observateur
a sus lectores, no ha hecho más que empezar. Sarkozy tampoco ha perdido el
tiempo en buscar soluciones imaginativas y extrapartidarias. En su
gobierno ha integrado socialistas (Kouchner), independientes,
personalidades valiosas de la vieja guardia chiraquiana (Juppé),
beyrouistas (Hervé Morín), antiguos y nuevos izquierdistas, y rostros que
muestran la imagen de la Francia emigrante (Rachida Dati). No ha llamado
para ello a los partidos, no ha solicitado pactos: simplemente ha buscado
personas. Hombres y mujeres en paridad –una concesión innecesaria, quizá,
pero amparada esta vez al menos, en la capacidad individual de cada
persona elegida- sobre los que asentar un consenso básico para los
inevitables sacrificios que deben quedar más allá de las definiciones
programáticas partidistas: Una “ruptura tranquila” basada en abandonados
valores conservadores cuya recuperación se ha transformado en la nueva
bandera revolucionaria.
España: se acabó la fiesta
El atardecer del 27 de mayo bajó el telón sobre la escena política
española. El sueño ha terminado: la farsa entre tragicomedia y esperpento
que habíamos estado viviendo estos últimos años ha llegado a su fin. Ya no
hay excusa para mantener los ojos cerrados o mirar para otro lado. Las
elecciones municipales y autonómicas han puesto bien a las claras que el
rey estaba desnudo, y la realidad ha dejado al aire todas sus vergüenzas.
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La superioridad del PP en el cómputo global de las últimas elecciones
españolas, no deja de ser un espejismo que empaña, muy al contrario de lo
ocurrido en Francia, la significativa abstención. Esta ha confirmado los
síntomas de alarmante desencanto que habían apuntado ya las consultas de
los estatutos catalán y andaluz. Todo parece indicar que la sacudida de la
conciencia nacional que supuso el 11/14-M ha dejado paso a una resignación
que ni siquiera han logrado superar las inconsistentes esperanzas de una
paz imposible.
Es verdad que, a diferencia del ejemplo francés, no nos estábamos
cuestionando (todavía) el modelo de sociedad, pero sí entraba en juego
–como demuestra Navarra- la concepción del Estado, sometida a un gobierno
debilitado por el ejercicio menguante de una democracia vigilada, o más
propiamente, secuestrada, por el terrorismo de ETA y las tensiones
centrífugas de minoritarios partidos marginales.
No es comparable la “alegría del 14 de abril” con las ilusiones suscitadas
el 6 de diciembre de 1978. La Constitución no llovió a gusto de todos,
pero ni sus antecedentes ni su gestación tenían nada que ver. No se
saltaba de la miseria a una expectativa de bienestar; no se dejaba atrás
un caos institucional para abrir una convivencia pacífica; no se cambiaba
la pobreza por una economía floreciente. En definitiva, España no se
“había dormido monárquica y despertado republicana”. Aquí no hubo cambio
de Régimen. Para bien o para mal no se produjo ruptura, tranquila o no,
sino reforma. El régimen se reformó a sí mismo. Lo venía haciendo desde
mucho antes de la salida a escena de los “jóvenes turcos” del franquismo,
como ha demostrado Arnaud Imatz (José Antonio. Falange Española y el
Nacionalsindicalismo. Plataforma 2003, Madrid, 2003). Y como no es
comparable, no lo vamos a comparar.
Después de casi treinta años de vigencia, sería necio negar que la
estabilidad de la Constitución del 78 se asienta en buena parte sobre la
sólida herencia institucional, económica y social legada por el régimen
franquista. Algunos de sus errores fundamentales son atribuibles, sin
embargo, sólo a dos circunstancias que enmarcaron su nacimiento. Estas no
son otras que las exigencias de los partidos nacionalistas y, consecuencia
de ella, la deficiente ley electoral subordinada a sus intereses. Una ley
concebida para otorgarles una representación que no justificaban, ya
entonces, y mucho menos ahora, su peso ni su objetivo, opuesto a la propia
definición de España que consagra como indisoluble la Constitución.
Ambos errores no sólo no han sido corregidos, sino que a lo largo de los
años han ido agudizando sus efectos perversos. El nacionalismo ha
emprendido una deriva acelerada hacia su originario objetivo separatista ,
y el sistema electoral vigente sólo ha potenciado la tiranía de los
pequeños partidos minoritarios. Con una mínima representación se aseguran
un poder decisorio que claramente no les corresponde, y deja a las
mayorías inermes, sin otra salida que extravagantes o difíciles pactos
(partos) para acceder a la gobernabilidad.
Los estatutos autonómicos, no han sido la solución, y las reformas en
presencia agravan sus componentes insolidarios. Es evidente, por otra
parte, que la ausencia de una clara atribución de las mayorías, y la
obligatoriedad de listas cerradas y bloqueadas, impiden una real
participación personal en la designación de los representantes deseados y
deseables.
Queda así de manifiesto la inocuidad de preceptos constitucionales como el
artículo 6, relativo a la estructura interna y funcionamiento democrático
de los partidos, reiteradamente incumplido, o el 23, que en su puntos 1 y
2, reconocen el derecho de los ciudadanos a “participar en los asuntos
públicos directamente o por medio de representantes”, y a “acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”.
La otra revolución pendiente
España tiene ahora problemas graves y urgentes que no es preciso detallar.
Todos y cada uno de nosotros puede hacer su propia lista. Su confrontación
y cotejo, estoy seguro, alcanzaría unánime coincidencia. En su práctica
mayoría podrían acometerse con una buena gestión. Los más importantes
requieren de consensos básicos para la sostenibilidad del Estado. En
cuanto a los dos señalados –el desmedido peso de los nacionalismos
identitarios y la ausencia de una verdadera democracia de participación,
es imperioso reafirmar la conciencia y el sentido de España como realidad
irrevocable, y dotar de contenido y presencia a una nueva Ley Electoral
que supere las limitaciones aberrantes de la actual. Pero no basta.
La demanda radical es socializar -es decir, incardinar en la vida social-
la exigencia de una democracia diferente. Los partidos no nos valen en su
actual concepción; la participación debe contar con cauces plurales como
lo que prevé la misma Constitución: sindicatos, asociaciones,
agrupaciones, revitalización de los municipios; Los grupos sociales –eso
que algunos prefieren llamara la sociedad civil- deben empeñarse
obstinadamente en desmontar una maquinaria que no tiene otra finalidad que
obtener el poder y mantenerse en él, aunque sea al precio de expulsar del
juego a todos los demás. En estas circunstancias, la exclusión que condena
a casi la mitad de los electores y al partido que los representa al
aislamiento en un “cordón sanitario” del que es imposible salir, es
insoportable. Deja sin base el propio sistema de partidos. La rebeldía
cívica queda como única opción posible para encauzar el clamor de las
reformas necesarias.
En una palabra, debemos exigir por todos los medios a nuestro alcance, que
se haga realidad el sueño del joven José Antonio (1931): si la democracia
como forma ha fracasado, es, más que nada porque no nos ha sabido
proporcionar una vida democrática en su contenido. (...) La aspiración a
una vida democrática libre y apacible será siempre el punto de mira de la
ciencia política por encima de toda moda. No prevalecerán los intentos de
negar derechos individuales, ganados con siglos de sacrificio. Lo que
ocurre es que la ciencia tendrá que buscar, mediante construcciones de
“contenido”, el resultado democrático que una “forma” no ha sabido
depararle.2 A algunos nos parece la verdadera revolución pendiente.
Soy consciente de que en este trabajo planteo más preguntas que
respuestas. No he pretendido ofrecer soluciones. Estas tampoco dependen de
propuestas individuales, pero acaso merecen un debate profundo que sería
muy conveniente propiciar.
(1) Mientras escribo esta nota ETA ha declarado el final de la tregua. Con
seguridad sus consecuencias van a ser analizadas en este mismo número. La
más probable a corto plazo, un adelanto de las elecciones. Otra, que ya
empieza a circular por los medios, la culpabilización del PP en el fracaso
del “proceso”. Nada que no estuviera previsto: Me remito a mi trabajo
anterior (“Viaje al centro (de la política)”. Cuadernos de Encuentro, 87),
en el que me atrevía a anticipar que el fracaso del proceso sería
inevitable dado que “las demandas etarras han llegado a un límite
imposible de cruzar” (...) Sólo la firme y persistente presión ejercida
desde el primer partido de la oposición, y la negativa de las victimas a
ser los convidados de piedra de la negociación, han impedido hasta ahora
que el gobierno pagara el precio político que ETA exige”. Me sigue
cabiendo la duda de si el PP sabrá rentabilizar esta victoria.
(2) José Antonio. Obras completas. (Dos vol.). Plataforma 2003, Edición del
Centenario, al cuidado de Rafael Ibáñez Hernández. Madrid, 2007 ( Vol. I,
pág. 182).
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