El nuevo Estatuto de Cataluña

 

Dalmacio Negro Pavón

 

Decía Holderlin que "el lenguaje es el más peligroso de los bienes". Las palabras son el vehículo de los conceptos y en política, cuya lógica es la retórica, los conceptos son armas polémicas. Las palabras del derecho constitucional, que alguien ha dicho recientemente que es el derecho natural del orden estatal, precisan y fijan los conceptos del orden político. Pero la política es fluctuante y los conceptos jurídicos no son términos como los de la ciencia natural, aunque comparten formalmente el valor simbólico. Dicho en lenguaje más común: las ideas tienen consecuencias, aunque también las tiene la falta de ideas, pues, como en la física, su hueco lo llenan otros conceptos.

Con esta breve introducción algo pedante entro en materia.

A mi juicio, como documento jurídico, el Estatuto, por sí sólo, no disuelve la Nación española aunque se hable en su preámbulo de Cataluña como nación. En cambio, políticamente es el comienzo. Un ejemplo de las ideas que producen consecuencias es precisamente el contradictorio artículo 2° de la Constitución todavía vigente, cuando después de afirmar "la indisoluble unidad de todos los españoles", "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Y eso que ya advirtió Madariaga que en España las Constituciones se hacen para violarlas.

Una de las pocas leyes de la ciencia política es la "ley de hierro de las oligarquías" según la cual todo gobierno es de naturaleza oligárquica. Esto plantea un grave problema, cuya solución es la cuadratura del círculo de la política. A este respecto se ha inventado el régimen representativo. Pero sólo para corregirla, no para solucionarla, cosa imposible según es la naturaleza humana: habría que hacer un hombre nuevo, el mito básico que impulsa al modo de pensamiento ideológico junto con el de la Ciudad Perfecta.

A esto alude seguramente el preámbulo de la propia Constitución cuando se refiere al propósito de "Establecer una sociedad democrática avanzada". Eso explicaría el carácter asintótico de la transición que parece no tener fin, sin que pueda saberse bien cual es el concepto que la Constitución, la norma del Estado, tiene de este último, puesto que lo concibe como lo que se ha dado en llamar en sentido estático Estado de las Autonomías.

A mi entender la mejor caracterización de este último la hizo al menos dos veces don Felipe González: "el Estado resultante". Y en estas estamos, sin saber qué Estado resultará. Se dice que la sociedad española es abúlica. Es natural. Está cansada. Son demasiados años sin saber bien a qué atenerse y el escepticismo ante la política la corroe. Pero como decía antes, el hueco de las ideas acaba siendo ocupado por otras ideas. Y en política, quien lo ocupa son las ideas de las oligarquías. Estas florecen en las Autonomías, que, en conjunto, parece que tienen ya un ejército de más de dos millones de funcionarios.

Aparte de ello, hay Autonomías que según la Constitución son "nacionalidades" y la semántica de esta palabra es inseparable de la de la palabra Nación. La palabra Nación puede entenderse dos maneras: como Nación Histórica ingleses y alemanes suelen decir nación cultural- y como Nación Política. Naciones históricas son las naturales naciones europeas configuradas en el seno de la Cristiandad. Una de ellas, bien definida, es precisamente España. Tras la revolución francesa, al proclamar a la nación como el sujeto de la soberanía, todas las naciones empezaron a politizarse siendo el Estado el que politiza las naciones. Desde entonces empezaron a concebirse las naciones -digo concebir, no que tenga que ser así-, como naciones políticas. Es decir, como naciones sin Estado o con Estado. La caja de Pandora de la religión nacionalista, el mayor enemigo y rival del cristianismo, se abrió en la siguiente revolución romántica, subrayaría lo de romántica, de 1848 y se extendió por toda Europa, asolándola en el siglo XX Así pues, si una Constitución reconoce como "nacionalidades" a algunas regiones, es natural que aparezcan oligarquías ansiosas de tener su propio Estado. Pues el Estado es un aparato de poder y el deseo de poder es, decía Hobbes, el más poderoso de los deseos. Lo reconocen el Génesis al narrar la primera tentación, la de la caída de Adán y Eva, y el Evangelio con las tres tentaciones a Jesús. El décimo mandamiento prohíbe expresamente los deseos miméticos. No hay nada nuevo.

Es cierto que los nacionalismos separatistas vasco y catalán son más antiguos que la Constitución de 1978. No hay que pasar por alto para entenderlo, que fueron alentados en la anterior Restauración frente carlismo por el poder central, sin prever las consecuencias. El carlismo en modo alguno era nacionalista ni separatista. Con independencia de sus razones, no pretendía cambiar el ethos de la nación sino afirmarlo: era simplemente tradicionalista.

Es otra ley de la política el calcular de antemano las consecuencias a medio y largo plazo de cualquier decisión.

Y esta ley tampoco se tuvo en cuenta al hacer la Constitución, una decisión sobre la vida colectiva de un pueblo. La actual, tan detallista en otros aspectos de los que nos ha librado la integración en la Unión Europea, se olvidó de poner limitaciones prudentes a la previsible euforia de las oligarquías nacionalistas y regionales. Por lo menos se pudo anticipar inmediatamente alguna ley orgánica al respecto. Al parecer, esta Constitución española tuvo en cuenta la Ley Fundamental de Bonn y la Constitución italiana. Pero allí nunca hubo un nacionalismo separatista, a pesar de que muchas regiones fueron Estados hasta bien entrado el siglo XIX. El nacionalismo español, dicho sea de paso, tiene mucho menos fundamento que el que pudiera existir en algunas de las grandes naciones europeas.

En España, a consecuencia del Estatut, ya han empezado a reclamar, que yo sepa, el derecho a ser nación, además de Galicia invocando el pasado suevo, las Islas Canarias y Andalucía y es de suponer que lo hagan todas las demás; pues no hay ninguna razón para limitarlo a las que se llaman, nunca he entendido por qué, "históricas", pues no lo son menos cualitativamente Asturias, Castilla, Aragón, Andalucía, Baleares, etc. Cuantitativamente algunas lo son más. Tampoco son "hechos diferenciales", otra invención absurda, pues cualquier hecho es este hecho y no otro porque es diferente y por eso existen provincias y regiones.

Y España, igual que cualquier Nación, tampoco es "Nación de naciones", otra tontería. En esto, ni lo de los hechos diferenciales ni lo de Nación de naciones es admisible ~ racionalmente ni siquiera como juego de palabras. Y el pretendido "derecho de autodeterminación", dejando aparte su justificación, pues no es un concepto de derecho, sino una invención táctica de la Internacional Socialista en su congreso de 1896 para poder combinar su internacionalismo con la atracción a su bando de las oligarquías particularistas o servirse de ellas, no es, en el caso de España, más que la forma pseudojurídica de esos dislates. En cuanto a los "derechos históricos", ¿qué derechos son estos? Suponiendo su razón de ser, ¿tienen algo que ver con la soberanía, que es el principio del Estado? ¿Ha sido soberano alguna vez el País Vasco? ¿Lo ha sido Cataluña en el preciso sentido del término de soberanía política y jurídica, un concepto del siglo XVI? ¿O es que no pretenden ser un Estado? ¿Quién se lo cree? Y caben dos o más naciones políticas o dos o más Estados en una misma Nación o Estado?

Lo grave es que la propaganda nacionalista se ha infiltrado en todas partes a lo largo de la llamada "transición" y la gente corriente ya no sabe a qué atenerse en estas cuestiones, bastante infantiles ante la ciencia política y el Derecho. Lo peor es que ha tenido sobre todo un receptor bien predispuesto, hay que reconocerlo, en el partido socialista, el más importante de la transición, que después de la votación del Estatuto catalán en las Cortes seguramente dejará de llamarse español.

El espacio, el territorio en el que habita un pueblo, es el solar en que se constituyen las Naciones y, en su caso, se erigen Estados. Lo único que puede justificar moralmente la secesión de un territorio de un pueblo o Nación Histórica para constituir otro grupo político, que si quiere puede denominarse luego Nación, es la obtención de libertades inexistentes en él. ¿Existen hoy en Cataluña y en el País Vasco dominados desde el principio de la transición por las oligarquías nacionalistas las mismas libertades que en el resto de España? Es obvio, sobre todo en este último, que no hay libertades personales ni libertades civiles o sociales ni libertades políticas comparables. Si cabe acusar de algo al poder central en este aspecto es por su dejadez: que no haya garantizado debidamente lo que constituye la única justificación del poder político, del Gobierno, la protección de las libertades. Por las razones que sea, en las que no voy a entrar, esto no se ha hecho, dejando campar a sus anchas a los partidos nacionalistas y entregándoles en cambio, entre otros, el derecho a la educación, de la que se ha aprovechado, como es lógico, pro domo SUB. En mi modesta opinión, en todo esto han sido más serias las oligarquías nacionalistas que el Estado.

Ahora bien, ¿qué libertades van a garantizar estas oligarquías si consiguen Estatutos como el catalán o parecidos? El Estatuto catalán lo refleja bastante bien: aniquilar definitivamente las libertades para poner enteramente a su servicio a los habitantes de sus territorios. Jesús López Medel lo expone tan brillantemente como acostumbra.