Conócenos

 

¿Dónde estamos?

Asóciate

 
 

XVI Escuela de Verano/22-25 junio, 2017

 

 

UNA MIRADA JURÍDICA AL PROCESO SEPARATISTA
Pompeyo Santiago Serna
XVI Escuela de Verano.

 

 

Introducción

 

¡Salud y bien a todos! ¡Salud y bien a España!

Antes que nada, preguntémonos por qué nos hallamos hoy aquí. Todos lo sabemos. Nos hallamos aquí para reflexionar y debatir sobre algo muy concreto y que nunca imaginamos que podría llegar a suceder: el ataque a la unidad de nuestra nación, que se está produciendo ante nuestros mismos ojos por parte de quienes, en Cataluña, aspiran a separar esa región de España. Ataque que revisten con la invocación de una entelequia jurídica: la de la existencia de un supuesto ‘derecho a decidir’, ellos solos, el destino de aquella tierra. Estamos, pues, por desgracia, ante algo muy vivo y muy concreto. En consonancia con ello, esta Escuela de Verano de 2017 de Plataforma 2003 no ha sido convocada para enfrascarnos en sutiles teorías o en dulces nostalgias de lo que fue, es, o tendría que ser España. No. Con muy buen criterio, la convocatoria se ha hecho para abordar, bajo el título ‘Amor a Cataluña en la presente crisis de la unidad de España’, el tema candente y crucial español de nuestros días a que nos hemos referido. A causa del mismo,  nuestra Patria se encuentra ante el planteamiento ‘de facto’ de una nueva guerra civil por parte de algunos de sus enemigos internos; porque una guerra es, aunque el espíritu benevolente y constructivo de los organizadores de la Escuela han invocado –en mi opinión con excelente acierto- al ‘amori en el título genérico de la convocatoria del curso. Porque también las guerras pueden ser hechas por amor y desde el amor.

Digo guerra, sí, y me reafirmo en el empleo de ese término. Una guerra que nadie quiere materialmente violenta, ni mucho menos cruenta, pero no por eso menos guerra. ¿Qué puede ser, sino una guerra, esta confrontación que se nos plantea, en la cual se dirime nada menos que la soberanía sobre una  parte  del  territorio  y  de la población de nuestra nación? Una guerra, pues. Aunque hoy en día –estamos en el siglo XXI-, las guerras en, o entre Estados civilizados, se diriman mediante aquellos medios pacíficos y democráticos que, en definitiva, se resumen en cuatro palabras: respeto a la Ley.

Por otro lado, la pesadilla que nos acecha está encuadrada, no lo olvidemos, en una hora de España en que ésta presenta un panorama moral, político y social desolador. Coincido en esta apreciación con lo expuesto por nuestro Secretario, el camarada Jaime Suárez, en su introducción a la convocatoria de la Escuela, al decir que el problema no está sólo en Cataluña, sino que el problema es España. Porque en nuestra nación, el espíritu patriótico -aquel estado del ánimo y del corazón por el que sabemos que la Patria es una tarea común o no es- parece brillar por su ausencia en gran parte de los españoles, no sólo catalanes. Flota en nuestra sociedad un ambiente confuso, ñoño, sin garra, ignorante. España –en esto le sucede lo mismo que a gran parte de Europa y del mundo occidental- vive inmersa en un ambiente hedonista y sin visión trascendente de las cosas, donde sólo se busca el provecho propio sin ninguna obligación correlativa; ambiente que es sustentado y amplificado por unos medios de comunicación que mayoritariamente se basan en el puro y simple divertimento. Ello ha hecho de la nuestra una sociedad líquida, sin valores, sin afirmación, insatisfecha, frustrada, en donde el tener ostenta absoluta prevalencia sobre el ser. Y en la que, por lo que respecta a los cauces políticos, todo bien queda diluido por la existencia de unos partidos minados por lacras como la corrupción o el revanchismo, que hacen que el bien común sea considerado como una entelequia cuando no como un engaño por parte de muchos españoles. Sí: hay muchas razones para el desaliento… Sólo que, a nosotros, eso nos está prohibido. Nosotros hemos de ser la punta de lanza de una nueva y eterna regeneración.

Pero, en fin, no quiero entrometerme más en el campo reservado a mis otros camaradas ponentes, y vamos a lo que es objeto de mi ponencia.

Como se verá enseguida, el planteamiento de esta ponencia difiere del que consta en el esquema inserto en la convocatoria del curso. No es nada importante. He tratado, simplemente, de hablar de lo mismo, pero presentando el tema en otro orden de coordenadas explicativas. Fruto de ello, he dado más importancia, en un primer apartado, a la exposición del tema (‘el proceso soberanista’), que a las consecuencias jurídico-penales aparejadas a dicho proceso (que son objeto de un segundo apartado). A decir verdad, este segundo apartado me parece mucho menos relevante que el primero, pues se reduce a constatar la posible existencia de algún delito y, consecuentemente, a apuntar la aplicación de la sanción o pena correspondiente, tareas ambas de mera mecánica jurídica. (Digamos que este segundo apartado no tiene el ‘misterio’, la enjundia, la importancia y la complejidad del primero, que viene a representar el papel de ‘causa’, mientras que el otro es tan sólo el ‘efecto’).

Añado que al primer apartado le he dividido en dos partes o secciones: el proceso soberanista, o soberanismo, como hijo del nacionalismo; el llamado ‘derecho a decidir’ o ‘de autodeterminación’, como coartada moral del mismo.

 

1. El proceso soberanista

El proceso soberanista no es otra cosa que el desarrollo en el tiempo de la pulsión del soberanismo, que, según ‘Metapedia’, es la doctrina política que defiende la idea de que es necesario preservar la soberanía nacional de un país de las influencias supranacionales a las que puede estar sometido el mismo.

En España, con respecto a Cataluña, se llama ‘proceso soberanista’ a la sucesión de actos llevados a cabo por quienes se adscriben a la ideología del soberanismo, sustentada tanto por personas físicas como por partidos políticos; estos actos están encaminados, siguiendo la definición de Metapedia, a preservar una supuesta soberanía nacional catalana de la influencia o rol de dominio que sobre ella tiene, según dicen los soberanistas, una supuesta ‘soberanía española’ (de carácter político y militar), e incluso una aún más supuesta ‘soberanía castellana’ (de carácter cultural’). (Tal vez llame la atención el hecho de que muchos separatistas, en Cataluña, sigan invocando, como si fuera cosa del día, la ‘soberanía castellana’ como causa de sus pretendidos males. Ello, a mi modo de ver, no es sino una muestra de la pervivencia, en ciertos imaginarios populares, de ciertos hechos y sujetos históricos (digamos como el ‘Corpus de Sang’ o el Conde-Duque de Olivares) que han sido transformados en númenes psicológicos cargados de simbología mítica. Tales fenómenos son enormemente sugerentes como materia de estudio, pero eso lo dejaremos para otro día. Baste hoy con apuntarlo…)

 

a) El soberanismo y el proceso soberanista como ‘hijos’ del nacionalismo

El soberanismo y su hijuela instrumental, el proceso soberanista, son hijos directos del nacionalismo. El nacionalismo es la matriz filosófica, el ‘pensamiento’ que nutre el separatismo, y su ideología prístina y fundamental, mientras que el soberanismo es la apuesta política del nacionalismo. El nacionalismo determina el sujeto político, mientras que el soberanismo apunta a la plasmación práctica de las reclamaciones de dicho sujeto. El nacionalismo marca el ‘tú’ y el ‘yo’, el ‘vosotros’ y el ‘nosotros’; en definitiva, la diferencia. La de ‘somos diferentes’ es la alocución preferida de todo nacionalista. Y no es la suya una diferencia entre equivalentes, sino una diferencia siempre a su favor: siempre es el más alto, el más guapo, el más inteligente. Y si las comparaciones se hacen entre grupos humanos, los nacionalistas verán a los demás más atrasados, más deficientes, menos preparados incluso genéticamente. De ahí al supremacismo, al racismo y a la xenofobia, no hay más que un paso. Trasladada esa pulsión a Cataluña, viene a cuento de ello referirnos a lo apuntado por el mismísimo Jordi Pujol, padre de tantas cosas que están sucediendo en nuestros días, con respecto a los andaluces llegados a Cataluña en las décadas de los años 50 y 60 del pasado siglo (‘La inmigración, problema y esperanza de Cataluña’, libro de 1958 reeditado en 1976, y de culto vergonzante aún en nuestros días por muchos): 

‘El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido (…) es, generalmente, un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido amplio de comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Ya lo he dicho antes: es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. E introduciría su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir, su falta de mentalidad’.

El que quiera oír, que oiga…

El nacionalismo es también totalitario. Su concepción de la soberanía no admite límites. Aspira a ocupar todas las parcelas del poder, todas las parcelas de la sociedad, todas las parcelas de la propia vida. Consúltese, si no, el ‘Programa 2000’, vademécum de estrategia nacionalista diseñado por el equipo del propio Jordi Pujol en 1990, y que fue publicado por ‘El Periódico de Cataluña’ en su edición de 28 de octubre de ese mismo año. En dicho documento no queda por tocar ni una sola tecla de intervencionismo administrativo, asociativo, cultural, de seguridad pública, deportivo, en todos los grados de la enseñanza, económico, en la justicia, en la política, en las manifestaciones religiosas y de Iglesia, idiomático, laboral, sobre medios de comunicación e información, social, etc., a fin de introducir la cosmogonía y el imaginario nacionalistas en todos los ámbitos. ¿O es que nos creemos que la eclosión del separatismo en los últimos años ha sucedido por arte de birli-birloque? No. Ha sido por una actuación de verdadera ingeniería social, diseñada meticulosamente, y llevada a cabo de forma implacable, si bien sibilina y astutamente.

Todo esto ha sucedido ante nuestros ojos y, lo que es peor, ante los ojos de los dirigentes nacionales, cuando no con la connivencia de éstos.

 

b) El ‘derecho a decidir’, o ‘de autodeterminación’,
como coartada moral del nacionalismo

 

I. El ‘derecho a decidir’ o ‘de autodeterminación’ en el Ordenamiento Jurídico español

 

A. Que quiere decir ‘derecho a decidir’ o ‘de autodeterminación’.
El significado gramatical

Para saber de qué hablamos cuando hablamos del ‘derecho a decidir’, vayamos primero a las definiciones gramaticales de los dos vocablos que componen la frase. Acudamos para ello a la fuente más autorizada en la materia, cual es el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua’. En ésta, el término ‘derecho’ es definido como ‘facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida’, y, también, ‘facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor’. Por su parte, el verbo ‘decidir’ significa ‘formar juicio resolutorio sobre algo dudoso o contestable’, ‘formar el propósito de hacer algo’, ‘determinar el resultado de algo’, ‘hacer una elección’, etc. Por tanto, la frase ‘derecho a decidir’ podría definirse como ‘la facultad del ser humano de hacer o exigir legítimamente lo que conduce a los fines de la vida, y todo aquello que la ley o la autoridad establece en favor del mismo’.

En la sociedad líquida de nuestros días, en que el subconsciente colectivo está impregnado de la noción del derecho, o de ‘los derechos’ en sentido expansivo y omnímodo (‘todo son derechos’), hay quien no concibe que pueda haber un ‘no derecho’ a algo. Y esto sucede porque la palabra ‘derecho’ tiene una connotación eminentemente positiva, al punto de no concebirse sentido alguno negativo en ella. Y, como el ‘derecho’ es siempre algo bueno y positivo, la aspiración de todo ser humano debe ser la de tenerlo, poseerlo, disfrutarlo. El ‘derecho’, para el hombre de nuestra sociedad, viene a ser algo así como el pecho materno para el niño que está en su primera infancia.

(A modo de nota marginal: Los separatistas catalanes vienen utilizando hasta la saciedad, con carácter principalmente propagandístico, esta faceta positivista del término ‘derecho’, aplicándola sin reservas y sin matices a sus pretensiones. Su razonamiento es el de que, puesto que el de decidir es un ‘derecho’, ¿quién osará oponerse a la consecución del mismo? Nadie… salvo, claro está, quienes tengan espíritu ‘fascista’. Porque sólo los ‘fascistas’ pueden oponerse a algo tan hermoso y benemérito como el disfrute de un derecho; sobre todo, un derecho tan claro y conveniente como el de ‘decidir’. Quien niega un derecho es, pues, un fascista, y un fascista es… ¿lo adivinan?: ¡un ‘enemigo del pueblo’!

En la escalada amenazadora en que ha ido progresando también el proceso separatista (calificado inicialmente por sus fautores como ‘la revolució dels somriures’, la ‘revolución de las sonrisas’), siempre ha habido quien de una forma más o menos velada ha vertido alguna amenaza, pero últimamente eso ha ido ‘in crescendo’. Así lo ponen de manifiesto, por ejemplo, los carteles que han inundado las paredes de Lérida en estos días, mostrando las fotografías de diversos dirigentes de determinados partidos políticos opuestos al referéndum separatista en un grado u otro, envueltos en una orla que los presenta como ‘enemigos del pueblo’: Inés Arrimadas (Ciudadanos), Lluis Rabell (CSQP), Miquel Iceta (PSC) y Xavier García-Albiol (PPC). El cartel incluye el nada amable y premonitorio aviso de que, a estos enemigos del pueblo, ‘se les habrá de tratar como tales’. ¡A esto se está llegando! Mientras tanto, el infumable y sectario individuo que ostenta la presidencia de la Generalidad, en sintonía con esa visión excluyente del ‘pueblo’, va calentando a sus mesnadas con frases como ésta: ‘A un pueblo movilizado no le podrán hacer ni cosquillas’ (Lloret de Mar, reunión del Consejo Nacional del PDeCAT, 10.06.2017). Y la inefable Carme Forcadell (hasta ayer agitadora de masas a tiempo completo, hoy Presidenta del Parlamento Autonómico) en un memorable mitin de mayo de 2013 proclamó: ‘Ciudadanos y Populares son nuestros adversarios; el resto somos el pueblo catalán’ La conclusión a que nos lleva todo esto es radical: para esta gente que (des)gobierna en Cataluña, en esta Comunidad sólo hay un pueblo: el suyo. Para él trabajan (es un decir), para él gobiernan (otro decir), para él legislan (otro más). Los que, según ellos, no forman parte de ese ‘pueblo’, son sólo ciudadanos de segunda, metecos, ilotas, individuos desarraigados aunque tengan ‘ocho apellidos catalanes’).

Pero retomando el hilo de nuestro argumentario, volvamos a la premisa que hemos establecido: la de que no todo a lo que se aplica el término ‘derecho’ cumple con su significado etimológico y gramatical, ni tiene por qué ser factible ni, incluso, deseable. Ello ocurre cuando la palabra ‘derecho’ se emplea como sinónimo de ‘deseo’, lo cual lleva a una confusión que puede ser muy dañina, tanto para la psique individual como para la colectiva. Un niño puede tener el deseo intenso de atracarse de caramelos, pero eso no puede convertirse en un derecho para él; un hombre o una mujer pueden sentir un grandísimo deseo de ser millonarios, pero eso no les concede el derecho de serlo. Y ello por la sencilla razón de que los derechos no son instituciones jurídicas que se agotan o se cumplen en sí mismas, sino que tienen características de bilateralidad o de relación con otros detentadores de derechos (o con detentadores de otros derechos). Es básico en Derecho el principio relacional, según el cual, para que un derecho sea efectivo, es necesario que alguien lo conceda, reconozca u otorgue, bien sea ese alguien otra persona o la propia Ley.

 

B. El significado social o jurídico del ‘derecho a decidir’ o ‘de autodeterminación’,
y su plasmación en forma de ley. La democracia

Todo derecho, para ser efectivo, ha de ser plasmado en forma de ley por el legislador, o bien estar asimilado a la Ley por la costumbre (que ha de ser probada) o por los llamados ‘principios generales del Derecho’. De una forma u otra, sin embargo, todo derecho, para que cause efecto a favor de su titular frente a terceros, debe estar incorporado en el ordenamiento jurídico, bien en el orden interno nacional, bien en el orden externo o internacional, pudiéndose decir en consecuencia que lo que no está en el ordenamiento jurídico no existe. Llegados aquí, y antes de entrar a considerar el específico ‘derecho a decidir’ o ‘de autodeterminación’, es preciso recordar que el ordenamiento jurídico no es otra cosa que la arquitectura de convivencia que se han dado a sí mismas las personas que viven en un territorio compartido mediante el ejercicio de su soberanía (el derecho a disponer), de forma libre (sin vicio en el consentimiento) y colectiva, formulando un acto constitutivo (que causa efectos obligatorios). Dicho acto se suele resumir y concretar en un documento jurídico de carácter supremo llamado Constitución. Dicho acto es también la expresión más cabal y completa de democracia.

La democracia, aunque se refleja en la norma, no es, en sí misma, una norma, sino un principio de carácter jurídico y con entidad moral, que insufla y orienta las formas en que se manifiesta el ejercicio político o de la política; por ello, la definición de la democracia, y su interpretación, adaptación y adecuación a la vida política, ha sido dispar a lo largo de los siglos. Bien es cierto que el concepto de democracia se ha ido decantando y depurando a través de los siglos, y, así, en nuestros días, se ha llegado a un consenso bastante generalizado sobre su significado, que podría condensarse en el apotegma de Abraham Lincoln, pronunciado en el famoso ‘Discurso de Gettysburg’ (19 de noviembre de 1863), y que, aunque no referido exactamente a ‘la democracia’, siempre se ha considerado como definición de la misma: ‘el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo’. Pero recurramos una vez más al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, para el que la democracia es la ‘forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos’, la ‘doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes’, la ‘forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de raza, sexo, credos religiosos, etc.’, o la ‘participación de todos los miembros de un grupo en la toma de decisiones’.

A la luz de esta doctrina, no controvertida por ninguna corriente, escuela o sector de opinión, la Constitución de un país, conseguida a través del proceso a que nos hemos referido antes al hablar del ordenamiento jurídico, viene a ser la expresión misma de la democracia, o del principio democrático. Pero sabiendo el legislador democrático que, por principio humano, todo es mudable, lo cree así también en cuanto se refiere a la propia norma constitucional; basado en ello, la dota también de mecanismos de cambio o de reforma. Sin embargo, estos mecanismos por fuerza han de regirse por otro principio o, más bien, virtud, cual es la de la prudencia, pues han de atender a un bien supremo en política: el de la paz social. Si no rige ese principio de prudencia o ponderación, la democracia corre el riesgo de convertirse fácilmente en demagogia, que es la forma corrupta de la democracia según Aristóteles. Quiero decir con esto que, aunque se tenga siempre a la vista el objetivo de la posibilidad de cambio para la norma constitucional, como obra humana que es y, por tanto, falible (una Constitución no puede ser los Diez Mandamientos), el mecanismo para lograrlo ha de ser muy estricto y ponderado, a fin de que no quede al albur de maniobreros, demagogos y conseguidores. Por eso se han de reforzar las exigencias procedimentales para cambiar o reformar una Constitución. Y como esas exigencias procedimentales (los preceptos que las incorporan) forman parte del propio corpus constitucional, siendo éste, como es, plenamente democrático, quiere decirse que dichos preceptos también lo son.

 

C. La contraposición entre ‘legitimidad’ y ‘legalidad’

Salimos así al paso de una pretensión voceada sin cesar por los separatistas: la de que existe contraposición entre ‘legitimidad’ y ‘legalidad’, una especie de reparto de papeles en que la ‘legitimidad’ (representada por ellos en su exigencia de que se les reconozca sus ‘derechos’) es lo bueno y fetén, y la ‘legalidad’ (en la que se amparan las instituciones del Estado para negarles los mismos) es lo protervo y malvado. La ‘legalidad’ es la Constitución; la ‘legitimidad’ es su deseo (al que revisten de derecho) de secesión. Emplean para defender su postura un argumento circular: ¿por qué, según ellos, es legítimo ese deseo de secesión? Porque es ‘democrático'. ¿Por qué es democrático? Porque lo pide el ‘pueblo’. ¿Quién es el ‘pueblo’? Ellos. ¿Hay una norma a la que atenerse en el proceso de transformación del deseo (‘legitimidad’) en derecho (‘legalidad’)? No; la norma es su voluntad. Ergo su voluntad está por encima del Derecho… Esta argumentación, tras de la cual asoma sus orejas el libo de una posible futura tiranía, tiene un basamento táctico: ‘político’, en el sentido marrullero del término. No se asienta en la excelsitud de la Ley, sino en función del número y del cálculo sobre las fuerzas en liza, y en los movimientos tácticos a desarrollar.

Ya hemos dicho que la reforma de la Constitución exige la puesta en marcha de los mecanismos procedimentales contenidos en la propia Constitución. Entre estos mecanismos está el del reforzamiento del quorum exigido para la votación de la enmienda o de la Ley propiciatoria de la reforma. Lógicamente, y como derivación de lo anterior, está el del sentido del voto esperado de las fuerzas parlamentarias representativas de la soberanía popular. Y, sobre todo, está la concreción de la figura del sujeto que encarna esa soberanía. El hilo argumental de ellos es muy sencillo; sigámoslo a través de la siguiente secuencia.

 

D. El desarrollo del proceso separatista, paso a paso

 ¿Qué es lo que pretenden los separatistas?

Como su propia advocación indica, lo que los separatista pretenden es separar a Cataluña de España (lo que conllevaría unas secuelas tremendas: la ruptura del Estado, el quebrantamiento de la soberanía nacional, la división de la sociedad catalana y española, y el asentamiento de un precedente precursor de la desaparición de la propia España como país y como nación unificada).

¿Por qué medios podrían lograrlo?

De forma jurídicamente ortodoxa: mediante un referéndum de secesión que les resultase favorable, previa reforma de la Constitución en el sentido de reconocer en su articulado el derecho de autodeterminación, admitiendo en consecuencia la celebración de dicho referéndum.

De forma extra-jurídica: mediante un referéndum ilegal de secesión que les resultase teóricamente favorable, o, directamente, mediante una declaración unilateral e ilegal de independencia.

Hay que decir que, hoy por hoy, la primera alternativa parece inviable para ellos, a tenor de la previsible decantación en sentido negativo de las fuerzas políticas en presencia (con la inquietante duda que, cual espada de Damocles, suscita permanentemente la ambigüedad con que se manifiesta el PSOE). En cuanto a la segunda alternativa, cuyo intento no hay que descartar, está condenada al fracaso.

El llamado ‘derecho a decidir’, o ‘derecho de autodeterminación’, no tiene ningún amparo en nuestra Constitución ni, consecuentemente, tampoco lo tiene un referéndum en que se dirima tal derecho, al igual de lo que ocurre en el resto de las Constituciones del mundo, excepto la de Etiopía. No entra esta comparativa en los casos de los referéndum celebrados en Quebec y en Escocia, que los separatistas catalanes utilizan ‘pro domo sua’, como argumento para tachar de antidemocrático al Estado español, montando en base a ello un curioso ranking de lo que llaman ‘calidad democrática’. ¿Es ésta una acusación justa y fundada, o, por el contrario, infundada e injusta? La respuesta es fácil: es infundada e injusta, por estar equiparando situaciones que nada tienen que ver entre sí. Se trata, simplemente, de una soflama publicitaria y propagandística.

(Acotación marginal: Los casos de los referéndum secesionistas celebrados en Quebec y en Escocia son muy ilustrativos para aclarar la paranoia del separatismo catalán. Antes de analizarlos brevemente, aclaremos que tanto Canadá como el Reino Unido carecen de Constitución escrita, pero que sí que existen lo que podríamos llamar, comparativamente, normas constitucionales, que están constituidas por las decisiones que las cámaras legislativas y por las sentencias de los Tribunales, y que en ambos países nunca antes se habían producido movimientos de secesión, por lo que este tema no había sido nunca objeto de consideración ni legislativa ni jurisprudencial.

En Quebec hubo un primer referéndum secesionista en 1980, convocado por el gobierno regional del Partido Quebequés, secesionista, de forma unilateral después de un prolongado tira y afloja con el partido que ostentaba el  gobierno en Ottawa, la capital federal. En este referéndum ganó el ‘no’ a la secesión, aunque la opción separatista obtuvo un importante porcentaje de los votos emitidos (el 40,5), lo cual dio alas a los separatistas de la provincia para intentarlo de nuevo en 1995, tan sólo 15 años después y también unilateralmente, en el que el ‘no’ fue derrotado por tan sólo el 50,58% de los votos. Los secesionistas quebequeses vieron, pues, muy cerca su triunfo, y se prepararon para un tercer asalto. Pero sucedió entonces que los partidarios de un Canadá unido fueron adquiriendo conciencia plena de la gravedad de la partida entablada, que ellos habían enfocado desde la perspectiva de un mero intercambio de intereses entre los distintos partidos políticos. Como se suele decir, por fin ‘vieron las orejas al lobo’, y reaccionaron. Sería muy prolijo desarrollar aquí todo el proceso que lleva a esa conclusión, pero de la lectura de la historia del mismo (que recomiendo vivamente) se extrae la conclusión de que, a partir del segundo referéndum, en Canadá se asistió a algo parecido al despertar de alguien de un plácido sueño, y que de pronto se da de bruces con la realidad’. Fruto de esta progresiva toma de conciencia fue, en primer lugar, la decisión de concretar las reglas del juego (o constitucionalizar las mismas), lo que se consiguió con la promulgación de la llamada ‘Ley de Claridad’, aprobada en 15 de marzo de 2000, que se basaba en la Sentencia de la Corte Suprema de Canadá de 20 de agosto de 1998, la cual estableció que todo intento de separación se debía producir de forma pactada con el Estado, previa la celebración de un referéndum que tendría que ser aprobado por el Parlamento federal. Por su parte, la Ley estableció que el Parlamento federal sería el encargado de decidir cuál habría de ser la mayoría de votos necesaria para declarar la validez del resultado del referéndum; que todas las provincias canadienses debían tomar parte en las negociaciones posteriores al mismo; que el Parlamento tendría el poder de anular el resultado de un referéndum si estimara que se habían vulnerado algunos de los principios establecidos en la propia Ley; y, lo más importante, que la secesión de una provincia requeriría la enmienda previa de la Constitución.

La entrada en vigencia de ambas ha supuesto que el ‘souffle’ independentista en Quebec haya ido perdiendo fuerza desde entonces, y ya va para veintidós años que las aguas del referéndum están quietas (aunque los separatistas quebequeses siguen enredando todo lo que pueden, como hacen todos los separatistas del resto del mundo; es lógico: existen para eso, y no tienen otra razón política de ser).

Por su parte, en el Reino Unido se permitió la celebración del referéndum escocés de 2014 basándose exclusivamente no en una norma jurídica de carácter constitucional (que no existe), sino en un acuerdo adoptado por el Parlamento de Westminster. Este caso, como se ve, tampoco puede ser invocado, para nada, como referente para nuestros separatas domésticos, ya que las arquitecturas político-jurídicas española y británica son totalmente diferentes, ya que parten de distintas jerarquías de fuentes para la creación de la norma aplicable en este tipo de conflictos: mientras que en España es la Constitución, en el Reino Unido lo son las decisiones del Parlamento.

 

E. La democracia y el ‘juego parlamentario’

La democracia, en política, se plasma a través de lo que suele llamarse ‘el juego parlamentario’, expresión con la que se hace referencia a la interacción que se produce  entre las propuestas y visiones políticas emanadas de las distintas fuerzas representativas de la soberanía nacional (de la que las mismas son depositarias), las cuales se discuten y terminan produciéndose en forma de leyes en el lugar en que reside dicha soberanía; es decir, en el Parlamento. A esta definición debemos añadir un detalle singular de la máxima importancia: que ese proceso de elaboración de las leyes se expresa a través de un mero mecanismo matemático, cual es el que resulta del cómputo de los votos emitidos, a favor o en contra de la ley cuya propuesta se debate, por cada una de las fuerzas políticas presentes en la Cámara legislativa. Esta es la característica esencial de la democracia: la prevalencia de las mayorías sobre las minorías (siempre respetando y salvaguardando éstas, etc,, etc., etc.)

(Nota marginal: el hecho de que la vigencia de una ley –ejemplo máximo de convivencia humana y de civilización- sea, a la postre, una mera cuestión de números, tal vez cause cierta melancolía en quienes tienen un concepto sacralizado de la misma. Pero esto es así, tanto en lo bueno como en lo malo. Sé que al hacer tal afirmación me puedo poner en el disparadero de quienes, entre nosotros, seguidores de la doctrina de José Antonio Primo de Rivera, mantienen una interpretación ‘ad litteram’ de la misma: por ejemplo, la expresada en el artículo titulado ‘Hacia un nuevo Estado’, aparecido en el número 1 de ‘El Fascio’. Pero discutir esto ahora nos introduciría en una nueva dimensión, de enorme calado, que no podemos abordar. Quede, sólo, apuntado).

Resulta, sin embargo, que los separatistas catalanes rehúsan someterse al ‘juego democrático’ de mayorías y minorías en el Parlamento nacional, sede de la soberanía del mismo carácter. A muchos les sorprende este empecinamiento, porque el sometimiento al juego democrático –es decir, al ejercicio de la democracia misma- ofrece una oportunidad excelente para que ellos vean satisfechas sus aspiraciones secesionistas. Oportunidad que consistiría en hacer posible, tal vez, que atrajeran a su causa a otras fuerzas políticas, con cuyos votos podrían hacer prevalecer dichas aspiraciones. Pero ellos no quieren transitar ese camino. ¿Por qué? Simplemente, porque calculan, prevén y constatan con buen ojo (aunque para ver eso hasta un ciego valdría), que las matemáticas -el simple y elemental ‘dos más dos’-, no están de su parte; es decir, no obtendrían los votos suficientes. Es de ver aquí el alcance de su concepto y de su práctica de la democracia, que tanto invocan. Demuestran ser lo que se dice ‘demócratas de conveniencia’. Porque si sus expectativas fueran distintas y previeran que el cómputo de votos les habría de ser favorable, ellos hubieran sido los primeros en reclamar y exigir su comparecencia en sede parlamentaria. Ellos quieren plantear la votación de su causa allí donde calculan que pueden ganar, no donde calculan que pueden perder. ¿Y dónde sería posible su triunfo? Pues en el Parlamento autonómico, aquel en el que, como se dice vulgarmente, sí que ‘les salen los números’ (aunque incluso eso, según se mire, es algo discutible). No se trata, pues, del tan cacareado respeto a la Ley ni a la democracia; se trata de utilizar a la Ley y a la democracia según convenga.

 

F. El sofisma de las ‘dos legalidades’ y el pretendido ‘choque’ de las mismas,
descrito como un ‘choque de trenes’

Puestos a recurrir a las decisiones de un Parlamento que dominan numéricamente pero que carece de competencias en la materia planteada, y de despreciar al Parlamento que sí es competente pero al que no dominan, nuestros separatistas (aplicando el conocido argumento de ‘porque yo lo valgo’) han emitido una nueva teoría jurídica ‘ad hoc’: la de considerar que ambos Parlamentos son del mismo rango o nivel competencial, y de que, por tanto, las decisiones emanadas de uno y otro tienen también la misma fuerza de obligar. Llaman a eso la ‘teoría de las dos legalidades’: la que nace de la Constitución, y la que nace del Estatuto de Autonomía; o, dicho en otras palabras, la que emana del Parlamento nacional, y la que emana del Parlamento autonómico. Y como una legalidad es contraria a la otra legalidad en el tema que nos ocupa, ellos derivan de ahí la figura gráfica del ‘choque de trenes’, con la que han venido amenazando al resto de españoles como se amenaza a un niño con la venida del hombre del saco.

El sofisma (más bien diríamos la mentira) que entraña tal teoría, y que puede pillar desprevenidos a muchos, reside en el hecho de que, efectivamente, hay ‘dos legalidades’, pero éstas no son iguales. Debemos poner esta cuestión sobre la mesa -es importante y urgente hacerlo- porque incluso en las filas de algunos que se reclaman como ‘no separatistas’, tanto dentro como fuera de Cataluña -¡no digamos entre el pueblo llano!- se aprecia un grado de confusión ciertamente alarmante en la materia, y se dejan llevar por el juego de manos de los líderes separatistas, a quienes algunos motejan por ello, no sin cierto tino, como ‘trileros’. Es de ver también que algunas almas cándidas -o no tan cándidas-, confundiendo el culo con las témporas, revisten esa confusión con el manto -que pretende ser amable- de la ‘manifestación de buena voluntad’, y de la confianza pueril en el mantra zapateresco de que ‘todo se resuelve con diálogo’.

Eso del ‘choque de dos legalidades’, tal como se ha dicho, significa, pura y simplemente, poner a ambas al mismo nivel o grado de eficacia jurídica, y a los Parlamentos que emiten una y otra, al mismo nivel o grado en su ámbito de competencia. Pero tal manifestación de incultura letrada causa sonrojo: cualquier estudiante de primero de Derecho sabe, a las pocas semanas de carrera, que el sistema jurídico de un país o comunidad política se plasma en una pirámide legislativa compuesta por normas de superior o inferior rango, estando todas ellas trabadas por una suerte de mallazo en el que las de inferior rango adquieren su plenitud y eficacia tan sólo como derivadas de las de rango superior, a las que no pueden contradecir u oponerse so pena de incurrir en nulidad. Es lo que se llama ‘jerarquía jurídica’. Aplicando este principio, que es básico, a las pretensiones secesionistas de nuestros separatas, hace que éstas aparezcan como lo que realmente son: una vil manipulación.

La arquitectura jurídico-política del Estado –que no es otra cosa sino el armazón del mismo, la urdimbre que sujeta a todo el edificio-, está formada por el conjunto de leyes que rigen la vida social y colectiva del mismo. Estas leyes se gradúan formando una cascada de diferentes rangos o niveles, otorgando también diferentes capacidades a las diferentes instancias que han de crearlas, aplicarlas, interpretarlas, o reformarlas, a las que se confiere la titularidad de un ámbito de competencias propio, que viene a ser como el terreno legal en que aquellas se mueven. Estas instancias reciben diferentes nombres: órganos u organismos estatales, entes territoriales, ‘poderes del Estado’ (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como la Jefatura del mismo), etc.; todas ellas tienen sus propios ámbitos de competencias, que se detallan y definen de forma directa en la Constitución (las que llamaríamos ‘instancias primarias’), o bien de forma indirecta (en el caso de las que llamaríamos ‘instancias secundarias’), cuando la norma constitucional permite la creación y control de las mismas por parte de las ‘primarias’ a quienes se les asigne tal facultad, en aplicación de distintos mecanismos legislativos (delegación, descentralización, etc.). Todo ello integra un grandioso puzle normativo, cuyas piezas componen un dibujo de diseño piramidal, en cuya cúspide o cierre está la Constitución. En dicho puzle, cada ficha encaja a la perfección con las otras, dentro del conjunto. En él todo se concreta, todo queda definido. Desde otro punto de vista, este diseño se podría comparar también con el de una máquina, en la que cada pieza tiene asignada una función concreta y un ámbito competencial concreto: cada pieza es lo que es, y cada pieza sirve para lo que sirve. En su virtud, y por poner un ejemplo, diremos que un Ayuntamiento no puede aprobar una Ley Orgánica (norma reservada a la competencia del Parlamento nacional), como tampoco el Parlamento nacional puede aprobar o promulgar una Ordenanza municipal (norma reservada a la competencia de un Ayuntamiento), aunque, tal como hemos dicho, lo que sí puede hacer el Parlamento nacional es aprobar y promulgar una Ley que determine los requisitos que ha de revestir la aprobación y promulgación de una Ordenanza local por parte de un Ayuntamiento. Lo mismo puede decirse por lo que respecta al resto de órganos, organismos, entes territoriales y poderes del Estado: cada uno tiene su ámbito de competencia, al que debe atenerse. Y si no se atiene a él, e invade competencias que no le son propias, su actuación, además de ser nula, será también sancionable tanto en vía administrativa por el órgano, ente o poder superior del que el infractor deriva su ámbito de competencia, como en vía judicial por el Tribunal correspondiente.

El ámbito de competencia de la ‘legalidad catalana’ deviene de lo previsto en su Estatuto de Autonomía, norma jurídica con rango del Ley Orgánica, creada al amparo de lo previsto en el Título VIII de la Constitución.

 

G. El ámbito de competencia del Parlamento nacional y de los Parlamentos autonómicos. En concreto, la competencia para declarar la secesión o para convocar referéndums.
El sujeto constituyente.

Dentro del mundo mitológico que los separatistas catalanes han creado para su uso propio, se vocean constantemente, entre otras muchas, dos formulaciones capciosas: la primera es la que afirma que el ámbito de competencia atribuido por la Constitución al Parlamento catalán (y que después, por derivación lógica, habría de aplicarse al resto de Parlamentos autonómicos), ha devenido en un nuevo ámbito competencial soberano en sí mismo (es decir, que la propia Constitución se hace a sí misma el harakiri); por la segunda, consecuencia de la primera, que la Constitución reconoce a lo que los separatistas llaman ‘pueblo catalán’ (que para ellos es…ellos mismos), la calidad de sujeto primigenio constituyente (haciendo desaparecer pues, de un plumazo, la nación española, la soberanía nacional, y la misma España como Patria común e indivisible de los españoles, artículos 1 y 2 de la Constitución). Estas formulaciones, como se aprecia enseguida, no tienen otro revestimiento que la ignorancia voluntaria y el desprecio más absoluto de la Constitución. Veamos.

Por lo que respecta al ámbito competencial, la arquitectura jurídica del Estado español está diseñada en su Constitución, al igual que sucede en el resto de los Estados modernos (excepción hecha del caso inglés, como ya hemos visto, que no es que no tenga una norma constitucional, sino que ésta se va formando progresivamente en virtud de las sentencias judiciales emitidas por los Tribunales y de las decisiones adoptadas por el Parlamento). Dentro de ese diseño arquitectónico jurídico, el Parlamento nacional tiene atribuida la competencia para legislar, de forma directa o indirecta, sobre todos los asuntos -¡incluida la propia Constitución!-, que conciernen a toda la población y a todos los territorios del Estado, mientras que los Parlamentos autonómicos sólo tienen atribuida una competencia parcial, en el sentido de que ésta se extiende únicamente a los asuntos que les son propios (¡propios según la misma Constitución!), y ello dentro del marco territorial correspondiente. Y es que el sistema competencial autonómico, y los Parlamentos y Gobiernos regionales amparados en el mismo, no han nacido de la nada ni han sido el resultado de una especie de ‘bing-bang’ histórico (como a veces se oye decir a algunos alucinados, al amparo a una referencia a la existencia de presuntos ‘derechos históricos’), sino que surgen del desarrollo de una Ley máxima, la Constitución –la ‘ley de leyes-, la cual les marca su ámbito de competencia, tanto territorial como objetiva; es exclusivamente dentro de ese marco que pueden realizar sus funciones.

Tampoco el sujeto constituyente ha sido una suerte de personaje fantasmal, o un grupo de personajes no menos fantasmales venidos de esferas extraterrestres para traer una especie de buena nueva a los habitantes de un trozo del planeta Tierra llamado España o, alternativamente, Cataluña. Han, sido, por el contrario, seres humanos muy reales: el conjunto de individuos que forman la nación española –de la que los catalanes forman parte-, quienes, a través de sus representantes políticos, y actuando colectivamente y de común acuerdo, han creado su Constitución, su ‘ley de leyes’, como norma para organizarse y regirse. Por tanto, dado ese carácter común y colectivo  dado en el nacimiento de la norma constitucional, común y colectiva ha de ser la decisión de cambiar, reformar o sustituir la misma en todo o en parte; facultades que, por consiguiente, no pueden ser atribuidas a grupos o agrupaciones sectoriales o territoriales de cualquier denominación, adscripción, origen o naturaleza que sean, existentes en el seno de la nación común. En definitiva: la voluntad constituyente de la entera nación, no puede ser fragmentada ni dividida.

 

2. El ‘derecho a decidir’ o ‘de autodeterminación’
en el Ordenamiento Jurídico internacional

El ‘derecho a decidir’ o ‘de autodeterminación’ está recogido en la ‘Carta Internacional de Derechos Humanos’, que es el nombre que se da al conjunto de instrumentos sobre la materia, aprobados y proclamados por la Organización de las Naciones Unidas en diversos momentos. Estos instrumentos son los siguientes:

a). El ‘Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos’, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976, ratificado por España el 13 de abril de 1977 (BOE 103, de 30 de abril).

 El artículo 1.1 de dicho Pacto es del siguiente tenor: ‘Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural’.

 

b). El ‘Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales’, entrado en vigor el 3 de enero de 1976, ratificado asimismo por España el 13 de abril de 1977, y publicado en el BOE 103, de 30 de abril.

Su artículo 1.1 es idéntico al del ‘Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

c). Los ‘Protocolos Facultativos’ de aplicación de los dos anteriores Pactos, o de desarrollo de aspectos particulares de los mismos, que tienen, como aquellos, carácter de tratados internacionales, y que también han sido ratificados por España (para su relación, ver web oficial de Naciones Unidas).

 

d). La ‘Declaración Universal de Derechos Humanos’, aprobada en la sesión plenaria de Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948. La Constitución Española (artículo 10.2) se remite a la misma en todo lo relativo a la interpretación de las normas sobre los derechos fundamentales y libertades reconocidas en ella.

Estas invocaciones al ‘derecho a decidir’ en los textos de Naciones Unidas han de complementarse, para su recto entendimiento y aplicación, con las normas que, emanadas de la propia organización internacional, establecen las condiciones para entender que un país o un Estado incurre o no en la contravención de tal derecho. España reconoce tal derecho no por la vía de incorporarlo explícitamente a su texto constitucional, sino por su adhesión a los tratados internacionales que, a su vez, lo reconocen; al mismo tiempo, España entiende también -como el resto de los países del mundo (excepto Etiopía)-, que no contraviene ese derecho, porque cumple las condiciones precisas para entender que no conculca el mismo.

Efectivamente, aparte de su invocación en la ‘Carta Internacional de Derechos Humanos’ del ‘derecho de autodeterminación’, la ONU ha emitido otras declaraciones y documentos que complementan lo recogido en aquella, y que tienen la misma fuerza de obligar a los Estados adheridos, especialmente la llamada ‘Resolución 1540’, de 14 de diciembre de 1960, que establece, refiriéndose a los pueblos colonizados (recuérdese lo que pasaba en 1960, cuando el mundo se hallaba en pleno proceso de descolonización), que éstos tienen derecho a la libre autodeterminación. Esta precisa referencia a ‘pueblos colonizados’ como depositarios de ese derecho, ha ido ampliándose a otras situaciones en que también sería factible la invocación del mismo: los países ocupados militarmente, y aquellos en que no se respetan los derechos humanos en su concepción más amplia (derecho a la vida, a la libertad física o de conciencia, etc.).

El problema en los tres casos no afecta tanto a los presupuestos fácticos en que se estima que existe un derecho de autodeterminación (recordemos: países colonizados, ocupados militarmente, o en los que se conculcan los derechos humanos), como al sujeto al que se le imputa dicho derecho: el ente ‘pueblo’. En Cataluña, ¿quién es ese ‘pueblo’? ¿Quién dictamina quién lo forma? ¿Las personas empadronadas en una circunscripción territorial determinada por la Constitución? ¿Y si la mayoría de éstas no se consideran como parte de ese pueblo, a los efectos de invocar un derecho de secesión? ¿Forman los habitantes de Cataluña sólo parte de un pueblo –el catalán-, o también parte de un pueblo más amplio –el español-? En caso de conflicto entre ambos ‘pueblos’, ¿cuál de ellos habría de prevalecer según la Ley internacional?...   En términos estrictamente jurídicos, ésta sería la clave de bóveda para resolver el problema. El Estado español (y la inmensa mayoría de los españoles) lo tiene claro, y a ello apela en su Constitución: sólo existe un pueblo o nación (la Constitución emplea ambos vocablos de forma unívoca), el español o española, en el cual o la cual reside la soberanía, y que fundamenta su unidad, que es indivisible (artículos 1 y 2 de la Constitución).

Ante esta claridad expositiva, y ante la realidad incuestionable de España como país democrático,  sobra cualquier elucubración ante las veleidades separatistas. Cataluña no alberga un solo pueblo, nombrado así en términos antropológicos y culturales. En términos políticos y constitucionales, los habitantes de Cataluña forman parte inseparable del pueblo o nación española. Cataluña no es un país colonizado. Tampoco es un país ocupado militarmente. Y en Cataluña, como en toda España, se respetan escrupulosamente los derechos humanos; es más, en el respeto y defensa de los mismos, Cataluña, como el resto de España, es adalid y pionera. Ante estas verdades comprobables y ontológicas, entiendo que ningún Tribunal internacional, si acaso se recurriera a esta instancia, podría hacer otra cosa que remitir la cuestión a lo previsto en el Ordenamiento constitucional español. Lo mismo cabe decir de otras instancias administrativas y políticas internacionales, cuyos líderes repiten, por activa y por pasiva, que la llamada ‘cuestión catalana’ debe ser tratada, única y exclusivamente, según lo que dispone el ordenamiento interno español.  En definitiva, el Estado español y España tienen la razón en este pleito. Y los separatistas catalanes  no la tienen. ‘Finis coronat opus’.

 

3. Las consecuencias jurídico-penales del proceso soberanista

 

a). El papel de las instituciones del Estado ante el proceso separatista, y, en concreto,
la Fiscalía General, los Tribunales Ordinarios, el Tribunal Supremo,
el Tribunal Constitucional y las Cámaras parlamentarias

Poco se puede decir, con carácter de novedad, del papel que las instituciones han de ejercer en el proceso soberanista, salvo remarcar que se deben al control, y en su caso enjuiciamiento y sanción, de cuantas acciones se lleven a cabo contra la legalidad constitucional, incluso en sus fases de tentativa, preparación o concertación para delinquir. En este aspecto, no vamos a descubrir ningún Mediterráneo, pues entendemos que estas funciones ya se cumplen por parte de las mismas. Otra cosa es la crítica que podamos hacer sobre la rapidez y eficacia con que desempeñan aquellas. Pero esto ya es harina de otro costal, en el que interviene, ¡y mucho!, el cálculo político, y en el que interfiere, ¡mucho más aún!, el redactado muchas veces ambiguo e ineficiente, de las normas aplicables.

A este respecto, se ha convertido casi en un deporte nacional enjuiciar la labor del Gobierno y, sobre todo, del Presidente Rajoy. ¿Lo está haciendo bien? ¿Debería ser más duro? ¿Debería hacer menos ‘el gallego’? ¿Utiliza todas las herramientas a su alcance?... Tengo que confesar que, en esta cuestión, sufro la misma perplejidad que el resto de españoles. Hay días en que me parece bien, hay días que me parece no tan bien… En lo que sí creo que estamos todos de acuerdo es en la constatación de que la reacción se ha iniciado tarde, y que las cosas se han dejado ir demasiado lejos. Y, sobre todo, que no se han explicado bien a la opinión pública, ni de la forma masiva y contundente que la gravedad de lo que acontece exige. Quienes vivimos en Cataluña  podemos dar testimonio de la intensidad del bombardeo propagandístico separatista que aquí sufrimos día a día, hora a hora, minuto a minuto. Y, claro está, desearíamos la misma intensidad no sólo para poner de relieve la defensa de la legalidad, sino la realidad de España como espacio compartido y digno de ser amado por todos los españoles. ¡Hay tanto que hacer en este campo!...

Tratar de esto es mucho más importante, creedme, que tratar del enfoque jurídico del proceso separatista, pero no puede ser abordado en el marco de esta ponencia.

 

b) Los delitos de rebelión y sedición según la legislación en vigor

El proceso separatista que están impulsando algunos en Cataluña tiene su encuadre delictual en el Código Penal vigente. Concretamente, me refiero a los delitos de rebelión (artículos 472 al 484) y sedición (artículos 544 al 549). Ahorro la transcripción literal de los mismos, que cualquiera puede consultar, incluso por internet. Tan sólo diré, haciéndome eco de lo dicho más arriba sobre la ambigüedad e ineficiencia del redactado de estas normas, que el requisito de ‘violencia’ que ha de revestir la acción encuadrada en el delito de rebelión (artículo 472 Código Penal), hace sumamente improbable su aplicación, al menos en cuanto a los actos llevados a cabo por los separatistas hasta ahora. El tiempo nos dirá que pasa con respecto a los futuros. Y lo mismo cabe decir en cuanto al requisito de que se produzca tumultuariamente el acto por el que se pueda imputar un delito de sedición (artículo 544 mismo Código).

En definitiva: no soy optimista en cuanto a lo que puedan dar de sí ambos artículos, que, a mi juicio, deberían ser reformados urgentemente, o crear otros nuevos ‘ad hoc’, para encuadrar penalmente la cadena de actos a los que estamos asistiendo.

C) El artículo 155 de la Constitución

Siguiendo en la línea de denunciar como insuficientes e ineficaces las normas jurídico-penales con las que el Estado cuenta para combatir el proceso separatista, diré también que la invocación del artículo 155 de nuestra Constitución, como instrumento infalible con que cuenta el Estado para ser utilizado por éste como medio para intervenir una Comunidad en la que sus autoridades lleven a cabo actuaciones contrarias a aquella, no puede ser más socorrida pero también más ilusoria. En su redacción, bien se ve que los legisladores constituyentes estaban empapados del espíritu de los tiempos, que no era otro que aquel que, imbuido del anticentralismo imperante derivado de la reacción a la dictadura, ni se les pasaba por la imaginación que había que prevenir eficazmente la defensa del Estado ante las posibles desviaciones de poder que se pudieran pergeñar por las autonomías que la misma Constitución creaba. Creyendo que habían encontrado la fórmula perfecta de Estado, imaginaban que esa perfección vacunaba contra toda tentación cantonalista, ¡no digamos separatista! Es el error perpetuo en que caen una y otra vez nuestros legisladores.

El artículo 155 de la Constitución Española, si bien diseña aceptablemente los actos objetivos que pudieran llevar a una intervención del Estado en una Comunidad en la que aquellos se produzcan, es sumamente pobre en la descripción de las medidas a adoptar, pues solamente habla de ‘medidas necesarias’ (¿cuáles?), dejando en el limbo cuestiones tan importantes como qué pasa con el Presidente de una Comunidad Autónoma que ha sido requerido por el Gobierno nacional para que rectifique los actos por los que se haya atentado gravemente contra el interés general de España, y ese Presidente no obedezca; ¿se le puede encausar sólo por desobediencia parcial (en cuanto al acto para cuya rectificación haya sido requerido), o podría inhabilitársele totalmente para el cargo que ocupa?

En fin, repito que el Estado –y, en definitiva, todos nosotros- no está, ni estamos, bien protegidos. Y, mientras, sigue el baile...